Esta democracia y estas elecciones tienen problemas.
Resaltan grandes secuelas de ilegitimidad en este proceso electoral. Solamente un fanático políticamente parcializado podría decir lo contrario. Dice el estadounidense Adam Blackwell, Jefe de la Misión de Observadores de la OEA para estas elecciones, que no hay democracia perfecta y que hay denuncias en el proceso electoral de cualquier país.
No haría correcto uso de la razón al discutir tal aseveración, pues en verdad todo sistema es perfectible y las denuncias formarían parte de la hermenéutica electoral en una democracia. Esto se complica atendiendo a la gravedad de las denuncias, así como la incidencia de esas alegadas faltas en el proceso de elecciones, y ni hablar de las repercusiones en el sistema.
Aún me resuena lo dicho por el Mag. Roberto Rosario de que la JCE no ha actuado “porque el organismo no ha recibido una queja formal de ningún partido”. Eso no es más que bofeteada a la sociedad dominicana. Si parte interesada como los Partidos Políticos no canalizan las quejas, el aparto Estatal debe automáticamente activarse.
Así como el Ministerio Público de oficio realiza sometimientos, por igual debe hacerlo un órgano del sistema “de oficio”. No creo que la inexistencia de la figura del “Fiscal Electoral” sea excusa válida, pues la Fiscalía actualmente no tendría impedimentos para realizar esta labor en conjunto con la Policía Electoral, contrarestando la desregularización y descontrol existente.
En la entrevista realiza al Mag. Julio César Castaños Guzmán, realizada en la más reciente edición del boletín Communis Opinio, señaló que “En Venezuela, durante el proceso, pude observar que el día de las elecciones hay un trabajo conjunto en el que están envueltos: una Secretaria de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia, y la Procuraduría General de la República. Esa Procuraduría General de la República y los Fiscales están presentes el día de las elecciones haciendo un trabajo, donde esperan ser apoderados por la denuncia de los(as) interesados (as), cuando surjan delitos electorales, como son: compra de votos, compra de documentos…etc.”.
Y de ese modo tenemos la desfachatez de plantear que en Venezuela hay una “dictadura”, cuando en los últimos tres comicios electorales de ese país no se ha desacatado la decisión de su órgano electoral, ni les ha restado legitimidad al proceso. Esto resulta demasiado paradójico. Lo que me imagino es que con la falta de independencia e imparcialidad de las que sí goza el Ministerio Público en Venezuela, aquí no darían curso a las denuncias; instrumentarán mal los casos o desistirán de las persecuciones contra el partido oficial; aquel al cual pertenece el Jefe del Ministerio Público desde el año 1979.
Los pronunciamientos de Jueces de la JCE no han cesado, sigue el Mag. Rosario e indica que “no es posible hacer fraude”. Particularmente yo no veo gran diferencia en viciar el proceso, alterarlo para el beneficio de un partido o candidato en cualquiera de sus formas, ya sea al comprar cédulas o al manipular la psiquis de la gente con una campaña mediática, ni con los engaños que todos conocemos; me imagino que se refiere el Magistrado a que ya no es posible hacer fraudes desde el organismo coordinador de las elecciones, que es otra cosa y muy diferente.
En el supraindicado boletín, también se destacan algunas cuestionantes planteadas por la Dra. Flavia Freidenberg, especialista en Ciencia Política radicada en España. Dice la Politóloga que “es cierto que hay tareas por hacer con respecto a cómo se hacen esas elecciones”, a lo que interroga y responde concienzudamente de la siguiente manera: “a) ¿Todos los candidatos tienen las mismas condiciones socioeconómicas, o las mismas oportunidades socioeconómicas para defender su candidatura en una campaña electoral? En caso de que la respuesta sea negativa, entonces esa democracia y esas elecciones tienen problemas, pero, en caso de que la respuesta sea afirmativa, entonces cotejamos, hacemos una lista y decimos esto lo cumplimos.” La primera aseveración la evidenciamos con la impactante cantidad de vallas, afiches, spots en radio y televisión, así como la presencia masiva de “bocinas” en los distintos medios de comunicación, y ni hablar de persecuciones ni intimidación a los adversarios del partido oficial.
Sigue la experta internacional preguntando: “b) ¿Las instituciones electorales, la Junta Central Electoral, o el Tribunal Supremo de Elecciones (como se llame en cada país) son independientes del poder político? En caso de que la respuesta a esta pregunta sea negativa, entonces tendríamos que preocuparnos, porque entonces esta democracia tendría condicionantes, y, en caso de que la respuesta sea afirmativa, entonces en nuestra lista cotejamos, es decir, decimos que esto también lo cumplimos.” Creo que como seres humanos cada uno tenemos simpatías, es natural, y no dudaría de la objetividad ni la seriedad de varios Jueces de la JCE, pero son indiscutibles sus relaciones con los partidos políticos, se podría hacer una lista con el partido apadrinado de cada miembro; también estaría de más decir que estos miembros fueron propuestos por el partido oficial y refrendados por un senado del mismo partido.
Y finalmente os pregunta la doctora de Salamanca: “c) ¿El acceso de comunicación a los candidatos está regulado y es equitativo para todos, o hay unos que tienen más dinero y, por ende, más posibilidades de comprar más espacios en los medios de comunicación? Si se da el primer caso y todos tienen la misma oportunidad de acceso, entonces decimos: ¡fantástico, eso es bueno para la democracia!, pero si se da el segundo, entonces estos candidatos tendrían más posibilidades de exponerse ante la opinión pública, lo cual entonces nos debería preocupar, ya que las elecciones serían inequitativas.” Y añadiría yo que son inequitativas desde lo más básico, ósea los montos que hay que invertir para lograr competir, sin contar las cuotas que se deben pagar para ser inscrito como candidato a lo interno de cada partido. La inequidad en los medios de comunicación fue más notoria esta última semana de campaña, especialmente el viernes 14 de mayo con la impresionante cadena de radio y televisión del partido oficialista. Solamente en la segunda capital dominicana, indica una fuente, se llegó “a la barbaridad de contratar los cinco canales que hay en Santiago y el 98 por ciento de las emisoras, para su campaña política.”
Diría que el éxito administrativo de estas elecciones es predecible; asimismo avanzamos con los grandes pasos que se han dado en materia contenciosa con la recién ocurrida urdimbre de impugnaciones y amparos electorales. Si desde el extranjero observamos los elementos que sagazmente nos plantea la Dra. Freidenberg, notaremos que estas denuncias no son cuestión de delirios ni de “imaginación” como cree el Mag. Rosario. Igualmente se podría predecir la imposición nueva vez del Estado en estas elecciones. No obstante, además de todo eso se impone a nuestros ojos una realidad axiomática, y es que esta democracia y estas elecciones tienen problemas.
