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OTRA FLAGRANTE VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL

Sin caer en la retórica, partiré concluyendo que el Estado dominicano actuó contrario a sus propias normas y como una tiranía clásica. Lo afirmo ya que cuando la participación activa en hechos ilícitos recae sobre las instituciones de gobierno de cualquier país, esta actuación es incuestionablemente atribuible al Estado. Inexcusable puede calificarse la participación del Canciller de la República, del Embajador de la República Dominicana en Haití, el Procurador General de la República y el Director de Prensa de la Presidencia, en una rueda de prensa para difundir grabaciones obtenidas mediante interceptaciones telefónicas practicadas al Coronel Retirado Pedro Julio Goico (Pepe).

Es inverosímil que autoridades como el Procurador General, conocedor de las normas y los procedimientos legales caiga en tan torpe y absurda actuación, que no deja más de entredicho que la poca institucionalidad y el irrespeto a las normas de un “Estado Social y Democrático de Derecho”, proclamado por una Constitución auspiciada por su propio gobierno. Con la adición de seis Diputados del Congreso Nacional que incurrieron posteriormente en semejante conducta, pero esta vez instrumentadas en perjuicio del resonado Ex – Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo Guido Gómez Mazara, quedando así reafirmada la actuación tiránica e ilegítima de un Estado infractor y persecutor de la disidencia.

En esta materia, el Magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Sergio García Ramírez, en su voto concurrente del fallo Caso Echer y otros Vs. Brasil (Sentencia del 06 de julio del 2009), esbozó que: “La finalidad de justicia que pudiera justificar la interceptación -o la injerencia, en general, en espacios de la  vida privada- cesa cuando sobreviene la difusión ilícita de información que debía quedar sólo en conocimiento y bajo el resguardo de la autoridad”. La difusión ilícita ocurrió en estos casos cuando fue convocada la prensa nacional para hacer públicas estas grabaciones, difundiéndolas indiferente y masivamente, a pesar de que nuestra Constitución establece que: “el manejo, uso o tratamiento de datos e informaciones de carácter oficial que recaben las autoridades encargadas de la prevención, persecución y castigo del crimen, sólo podrán ser tratados o comunicados a los registros públicos, a partir de que haya intervenido una apertura a juicio, de conformidad con la ley”.

En cuanto a la grabación a Pepe Goico, se introdujo posteriormente el elemento de la seguridad nacional, atribuyéndole al susodicho una trama para derrocar el actual Presidente haitiano, desestabilizar dicho gobierno y las relaciones entre ambas naciones; acusaciones sorprendentes, que lamentablemente nos colman de incredulidad. El Magistrado García Ramírez en el citado voto concurrente, también calificaba como una falsa antinomia el discurso que contrapone la seguridad pública y los derechos fundamentales, explicaba que: “Esta retórica  inadmisible y peligrosa –que es preciso denunciar constantemente- propone la reducción de los derechos so pretexto de la  seguridad, o amenaza con la  reducción de la seguridad a causa de los derechos. En  varias ocasiones he impugnado -y lo hago de nuevo- este falso dilema, que pone en riesgo el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, con agravio o peligro para todos”.

Según el Reglamento sobre la Autorización Judicial para la Vigilancia e Interceptación Electrónica de Comunicaciones, estamos frente a una “medida extrema” que el juez autorizará cuando no haya otro recurso alternativo en el curso de la investigación para obtener la evidencia que se trata de establecer. Lo anterior significa que debe existir una investigación abierta y con méritos suficientes para que un Juez autorice la vulneración de un derecho de rango Constitucional como es la intimidad personal (Artículo Núm. 44 de la Constitución de la República). Este medio de prueba, según el reglamento, “(…) deberá tener como único objetivo la sustanciación del procedimiento judicial (…)”; objetivo que quedó ipso facto descartado al difundirse inoportunamente estas grabaciones.

Más grave aún para todos estos actores es que la violación al secreto de la comunicación telefónica que va más allá de lo establecido en el auto del juez, produce la invalidación de la medida judicial de interceptación y de las pruebas que pueda producir; por consiguiente, la invalidación es un hecho cierto, dado que ningún juez podría autorizar estas difusiones, pues carecería de objeto la interceptación y resultaría contraria a la Constitución y otras normas. Empero, ¿Conocían nuestras autoridades estos preceptos? Son conocimientos esenciales para figuras de tan alto nivel como un Procurador General, que hasta por intuición debe saber cualquier ciudadano común, máxime, si la ley se reputa conocida por todos.
 
Nueva vez fue pisoteada la Constitución y cuantas Declaraciones, Tratados y Pactos sobre Derechos Humanos suscritos por nuestro país; sin lugar a dudas todo por coyuntura política, la actual campaña electoral desborda los límites de la legalidad, la prudencia y la moralidad. Esto plantea un caso judicial más, el cual deberá dilucidarse en los Tribunales de la República en procura de justas indemnizaciones, y quizás, de las sanciones penales que correspondan; aunque lo peor que pudiera ocurrir es que estas grabaciones hayan sido realizadas sin autorización judicial, el más grave de los casos, merecedor de un opúsculo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estaría congratulada de conocer otro caso de esta índole, foro en donde regularmente nos perjudicamos todos los dominicanos, porque al fin y al cabo sería una condena segura contra República Dominicana.

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A los estudiantes de derecho de la PUCMM RSTA.

Compañeros y compañeras:

Por segundo año consecutivo las elecciones del Comité de Estudiantes de Derecho (CED) son más que una simple convocatoria a votar. Para esta ocasión, tenemos enfrentadas a dos dinámicas planchas: "El CED Eres tú!" y el "Movimiento Activo". Desde la directiva 2007 a la 2010, el CED ha avanzado mucho, lo suficiente para [sin recaer en lo conformista] sensatamente reconocer los logros progresivos que hemos alcanzado.

La campaña electoral realizada hasta ahora ha sido de muy buena calidad, salvo aislados exabruptos que no escapan a los procesos electorales de nuestro país [sin importar su índole]. A continuación expondré motivos de mi decisión electoral 2011 y finalmente mi intención de voto.

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Análisis de la Sentencia del 4% del PBI para educación.

Les invito a leer mi breve comentario acerca de la Sentencia evacuada por la 1ª Sala del Tribunal Superior Administrativo sobre el amparo del 4% del PBI para educación. El análisis de la sentencia comprende cinco aspectos: (A) Pretensiones de las partes; (B) Decisión jurisdiccional; (C) Motivación de la decisión; (D) Apreciación de la decisión; y (E) Conclusiones.

Demanda                 :             Acción Preventiva de Amparo.
Fecha Acción           :             30 de noviembre del año 2010.
Fecha Sentencia     :            14 de diciembre de 2010.
Tribunal                   :            Primera Sala del TSA.
Accionantes             :            Movimiento Cívico Toy Jarto y compartes.
Accionados              :            Senado y Cámara de Diputados de R.D., y Procuraduría General Administrativa.
Objeto demanda     :            Consignación del 4% del PBI en el presupuesto nacional del año 2011.

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La educación como derecho y obligación estatal.[1]

Por Ernesto Guzmán Alberto.[2]


A diferencia de tiempos atrás, en la actualidad podemos identificar problemas con gran precisión e intentar aplicar las soluciones más efectivas. Esto gracias a los avances que hemos experimentado en las ciencias y las tecnologías, herramientas a nuestra disposición para lograr el bienestar de la humanidad o para catapultarla; fin este último, un tanto perverso pero posible. En nuestros días, es incontrovertible que la educación es un factor trascendental no sólo de movilidad social, sino también para el desarrollo social, cultural y económico de las naciones.

Un problema que nos aqueja desde otrora y que constituye una vergüenza nacional, es la precariedad de nuestro sistema educativo, especialmente el sector público. Problema identificado y aún pendiente de soluciones. Las instituciones educativas privadas no escapan a la problemática, palpable a nivel básico, medio y superior. Hoy parece ser unánime el reclamo del cumplimiento de la partida presupuestaria consignada en la ley[3], no obstante, hemos dejado transcurrir demasiado tiempo hasta llegar al siglo veintiuno para hacer reclamos del ayer.

La educación es uno del conjunto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocidos como de segunda generación. Aunque el nombre parece complicar su existencia, son derechos humanos de igual jerarquía e importancia que los demás derechos fundamentales. El derecho a la educación tiene un carácter prestacional, pues la obligación estatal comprende erogar fondos públicos para el establecimiento y operación de un sistema educativo nacional de acceso universal; es decir, que entraña una prestación estatal. Leer completo.

[1] Publicado originalmente en el Communis Opinio No. 26  (del CED PUCMM) del 17 de noviembre de 2010.
[2] Estudiante de término de la carrera de derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Recinto Santo Tomás de Aquino (RSTA). Santo Domingo, República Dominicana.
[3] El artículo 197 de la Ley General de Educación No. 66-97, establece que: El gasto público anual en educación debe alcanzar en un período de dos años, a partir de la promulgación de esta ley, un mínimo de un dieciséis por ciento (16%), del gasto público total o un cuatro por ciento (4%) del producto bruto interno (PBI) estimado para el año corriente, escogiéndose el que fuere mayor de los dos, a partir del término de dicho período, estos valores deberán ser ajustados anualmente en una proporción no menor a la tasa anual de inflación, sin menoscabo de los incrementos progresivos correspondientes en términos de porcentaje del gasto público o del producto interno bruto (PBI)” (sic).

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Esta democracia y estas elecciones tienen problemas.

Resaltan grandes secuelas de ilegitimidad en este proceso electoral. Solamente un fanático políticamente parcializado podría decir lo contrario. Dice el estadounidense Adam Blackwell, Jefe de la Misión de Observadores de la OEA para estas elecciones, que no hay democracia perfecta y que hay denuncias en el proceso electoral de cualquier país.[1]

No haría correcto uso de la razón al discutir tal aseveración, pues en verdad todo sistema es perfectible y las denuncias formarían parte de la hermenéutica electoral en una democracia. Esto se complica atendiendo a la gravedad de las denuncias, así como la incidencia de esas alegadas faltas en el proceso de elecciones, y ni hablar de las repercusiones en el sistema.

Aún me resuena lo dicho por el Mag. Roberto Rosario de que la JCE no ha actuado “porque el organismo no ha recibido una queja formal de ningún partido”[2]. Eso no es más que bofeteada a la sociedad dominicana. Si parte interesada como los Partidos Políticos no canalizan las quejas, el aparto Estatal debe automáticamente activarse.

Así como el Ministerio Público de oficio realiza sometimientos, por igual debe hacerlo un órgano del sistema “de oficio”. No creo que la inexistencia de la figura del “Fiscal Electoral” sea excusa válida, pues la Fiscalía actualmente no tendría impedimentos para realizar esta labor en conjunto con la Policía Electoral, contrarestando la desregularización y descontrol existente.

En la entrevista realiza al Mag. Julio César Castaños Guzmán, realizada en la más reciente edición del boletín Communis Opinio[3], señaló que “En Venezuela, durante el proceso, pude observar que el día de las elecciones hay un trabajo conjunto en el que están envueltos: una Secretaria de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia, y la Procuraduría General de la República. Esa Procuraduría General de la República y los Fiscales están presentes el día de las elecciones haciendo un trabajo, donde esperan ser apoderados por la denuncia de los(as) interesados (as), cuando surjan delitos electorales, como son: compra de votos, compra de documentos…etc.”.

Y de ese modo tenemos la desfachatez de plantear que en Venezuela hay una “dictadura”, cuando en los últimos tres comicios electorales de ese país no se ha desacatado la decisión de su órgano electoral, ni les ha restado legitimidad al proceso. Esto resulta demasiado paradójico. Lo que me imagino es que con la falta de independencia e imparcialidad de las que sí goza el Ministerio Público en Venezuela, aquí no darían curso a las denuncias; instrumentarán mal los casos o desistirán de las persecuciones contra el partido oficial; aquel al cual pertenece el Jefe del Ministerio Público desde el año 1979.

Los pronunciamientos de Jueces de la JCE no han cesado, sigue el Mag. Rosario e indica que “no es posible hacer fraude”[4]. Particularmente yo no veo gran diferencia en viciar el proceso, alterarlo para el beneficio de un partido o candidato en cualquiera de sus formas, ya sea al comprar cédulas o al manipular la psiquis de la gente con una campaña mediática, ni con los engaños que todos conocemos; me imagino que se refiere el Magistrado a que ya no es posible hacer fraudes desde el organismo coordinador de las elecciones, que es otra cosa y muy diferente.

En el supraindicado boletín, también se destacan algunas cuestionantes planteadas por la Dra. Flavia Freidenberg, especialista en Ciencia Política radicada en España. Dice la Politóloga que “es cierto que hay tareas por hacer con respecto a cómo se hacen esas elecciones”, a lo que interroga y responde concienzudamente de la siguiente manera: “a) ¿Todos los candidatos tienen las mismas condiciones socioeconómicas, o las mismas oportunidades socioeconómicas para defender su candidatura en una campaña electoral? En caso de que la respuesta sea negativa, entonces esa democracia y esas elecciones tienen problemas, pero, en caso de que la respuesta sea afirmativa, entonces cotejamos, hacemos una lista y decimos esto lo cumplimos.” La primera aseveración la evidenciamos con la impactante cantidad de vallas, afiches, spots en radio y televisión, así como la presencia masiva de “bocinas” en los distintos medios de comunicación, y ni hablar de persecuciones ni intimidación a los adversarios del partido oficial.

Sigue la experta internacional preguntando: “b) ¿Las instituciones electorales, la Junta Central Electoral, o el Tribunal Supremo de Elecciones (como se llame en cada país) son independientes del poder político? En caso de que la respuesta a esta pregunta sea negativa, entonces tendríamos que preocuparnos, porque entonces esta democracia tendría condicionantes, y, en caso de que la respuesta sea afirmativa, entonces en nuestra lista cotejamos, es decir, decimos que esto también lo cumplimos.” Creo que como seres humanos cada uno tenemos simpatías, es natural, y no dudaría de la objetividad ni la seriedad de varios Jueces de la JCE, pero son indiscutibles sus relaciones con los partidos políticos, se podría hacer una lista con el partido apadrinado de cada miembro; también estaría de más decir que estos miembros fueron propuestos por el partido oficial y refrendados por un senado del mismo partido.

Y finalmente os pregunta la doctora de Salamanca: “c) ¿El acceso de comunicación a los candidatos está regulado y es equitativo para todos, o hay unos que tienen más dinero y, por ende, más posibilidades de comprar más espacios en los medios de comunicación? Si se da el primer caso y todos tienen la misma oportunidad de acceso, entonces decimos: ¡fantástico, eso es bueno para la democracia!, pero si se da el segundo, entonces estos candidatos tendrían más posibilidades de exponerse ante la opinión pública, lo cual entonces nos debería preocupar, ya que las elecciones serían inequitativas.” Y añadiría yo que son inequitativas desde lo más básico, ósea los montos que hay que invertir para lograr competir, sin contar las cuotas que se deben pagar para ser inscrito como candidato a lo interno de cada partido. La inequidad en los medios de comunicación fue más notoria esta última semana de campaña, especialmente el viernes 14 de mayo con la impresionante cadena de radio y televisión del partido oficialista. Solamente en la segunda capital dominicana, indica una fuente, se llegó “a la barbaridad de contratar los cinco canales que hay en Santiago y el 98 por ciento de las emisoras, para su campaña política.”[5]

Diría que el éxito administrativo de estas elecciones es predecible; asimismo avanzamos con los grandes pasos que se han dado en materia contenciosa con la recién ocurrida urdimbre de impugnaciones y amparos electorales. Si desde el extranjero observamos los elementos que sagazmente nos plantea la Dra. Freidenberg, notaremos que estas denuncias no son cuestión de delirios ni de “imaginación” como cree el Mag. Rosario. Igualmente se podría predecir la imposición nueva vez del Estado en estas elecciones. No obstante, además de todo eso se impone a nuestros ojos una realidad axiomática, y es que esta democracia y estas elecciones tienen problemas.




[1] Diario Libre. “La OEA ve normales denuncias uso de fondos públicos”. [En línea]. Disponible en: http://www.diariolibre.com/noticias_det.php?id=245360 [15.05.2010].

[2] Hoy Digital. Qué se dice: Leonel y su circunstancia. [En línea]. Disponible en: http://www.hoy.com.do/opiniones/2010/5/12/325475/Que-se-dice [15.05.2010].

[3] Boletín Communis Opinio. Entrevista Internacional a la Dra. Flavia Freidenberg. [En línea]. Disponible en: http://cedpucmm.org.do/boletines/BCO_25_ER.pdf [15.05.2010].

[4] Diario Libre. “JCE afirma no es posible hacer fraude.” [En línea]. Disponible en: http://www.diariolibre.com/noticias_det.php?id=244437 [15.05.2010].

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Ilicitudes en el sistema electoral. Esta última década el sistema electoral dominicano ha avanzado bastante. Permaneció truncado por más de un siglo al estar anclado en el muelle de las mañoserías y artimañas políticas de la clase criolla. Hemos llegado a un nivel en el que los fraudes no tienen la repugnancia de aquellos tiempos; no significando que estas ilicitudes del sistema se han esfumado, las cuales, indiscutiblemente, inciden directamente en el curso del proceso, lacerándolo y alterándolo.

No ha ocurrido más que un proceso de evolución de estas fullerías. Ya no se estilan apagones durante el conteo de votos, sin embargo, no hemos superado el comerciar cédulas; el desvío de fondos públicos para proselitismo, ya sea mediante nominillas, barrilito, el uso de los vehículos, equipos y personal del Estado; ejecución intensiva de planes sociales de la Presidencia, de obras públicas; etc.

Todas estas estratagemas son efectuadas con la complicidad de todos los estratos sociales de esta media isla. Los avances obtenidos en la organización de las elecciones y su modernización, se ven arropados por la impunidad que reciben estos atentados a la democracia. La no persecución y sanción de estas ilicitudes echan a la borda valiosos esfuerzos de los operadores del sistema electoral. Mientras no sean castigadas estas infracciones electorales, la inmoralidad política tan asqueante que hoy en día vivimos derrumbará esta “democracia” y el Estado seguirá “imponiéndose” en las elecciones.

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Absolutismo de la expresión
de las ideas y opiniones.

Los derechos fundamentales resultan esenciales en el Estado constitucional y democrático de derecho, en donde la libertad de expresión juega un rol protagónico. Hay quienes asimilan este derecho a la acepción más absoluta de libertad. Sin embargo, comete gran error quien así lo concibe, pues al igual que los demás derechos no es absoluto y tiene sus límites.

El orden público, las buenas costumbres, el derecho al honor y la intimidad de los demás, son ejemplos de limitantes al ejercicio del derecho a la libertad de expresar ideas y opiniones. Objetivamente, tampoco primaría como el más fundamental frente a otros de igual categoría.

Es por esto que poco importa se tengan “pruebas” de las más fehacientes sobre la inclinación sexual o de las desviaciones sexuales de alguien, ya que es meramente su vida personal e íntima. Más ilícito aún resulta el emplear referidas pruebas con “animus nocendi” en detrimento de aquéllos.

Muchos ignoran que la justicia no ampara el ejercicio abusivo de derechos. Para su mala suerte, hasta ahora nuestros Tribunales están contestes con el principio de que “nadie puede prevalecerse de su propia falta para alegar en justicia”, algo que indiscutiblemente le resta a la defensa de cualquier perico.

 

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