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Una perspectiva humana de la Seguridad Social.

El pasado martes 14 del presente mes y año, el Dr. Javier Antonio Fernández Sierra, Magistrado Juez Presidente de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca, de la República de Colombia; dictó la conferencia denominada “Una perspectiva humana de la Seguridad Social”, en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), sito en el Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, La Feria, de ésta capital de la República Dominicana.

En su ponencia magistral, el magistrado abarcó el tema de la Seguridad Social desde su origen, evolución hasta la realidad actual (contemporánea). Expresó que la Seguridad Social tiene su origen en el mismo origen del hombre y la satisfacción de sus necesidades.

En el proceso de evolución del hombre, se incoan nuevas demandas a favor de los trabajadores, en cuanto a mejorar la condición y calidad de vida, riesgos por labores, y asimismo garantizarle ciertos beneficios o compensaciones por su labor.

Éstas demandas logran impactar en las vidas sociales y económicas de los pueblos que la gestaron en ciertos hechos históricos trascendentales; Francia: Revolución Francesa; Inglaterra: Revolución Industrial y en Alemania, como incubadora de ideas sociales y políticas.

Fernández Sierra resaltó que ningún sistema de Seguridad Social, es perfecto, ni absoluto, ni tampoco existe un modelo ideal, esto debido a que cada pueblo tiene necesidades y capacidades distintas.

De igual modo, el magistrado conferencista explicó que vistos los modelos implementados en distintos países de América Latina, ninguno ha satisfecho las necesidades y expectativas plenas de la población, es decir, no se ha cumplido lo que se ha vendido como producto

Como factores adversos e incidentes que laceran el desarrollo y efectividad de los Sistemas de Seguridad Social, está el desempleo y la pobreza; insistió mucho en el hecho de que un pobre trabajador, tiene muy poca o ninguna capacidad de ahorro debido a la relación de ingresos-costo de la vida, por lo que también se le dificulta contribución o afiliación a la Seguridad Social. Respecto a estos temas estadísticos, se basó en los informes anuales emitidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En el aspecto normativo, la Seguridad Social es el derecho humano No. 22, así mismo en nuestra Constitución se puede apreciar en el Art. 8, numeral 17; a pesar de esto, el magistrado considera que éste tema supera el marco meramente legal, ya que para él, constituye un pilar para la existencia del ordenamiento jurídico.

A manera de conclusión, resaltó que los jueces son los llamados a darle una perspectiva humana a la Seguridad Social, y algo no menos importante, también expresó que el desarrollo de la Seguridad Social desde una perspectiva humana, no depende del marco normativo, sino de la imaginación y creatividad de las decisiones judiciales.

Al final de su disertación, el público presente pudo interactuar de manera directa con el conferencista, realizando preguntas y comentarios respecto al tema de la exposición.

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Independencia y autonomía del Ministerio Público.

En el transcurso de nuestra historia Republicana, desde el origen mismo de nuestra nación hasta la fecha, ha quedado evidenciado el matiz y la influencia política, coyuntural y arbitraria en la JUSTICIA dominicana, de sectores con ciertos intereses involucrados.

El Ministerio Público tiene la función de representar el interés del estado, del derecho objetivo, procurar el bien común, el bien de la colectividad, velar por el orden público y las buenas costumbres, con estructura jerarquizada; quizás en su estructura organizacional más inferior motivada en el principio político de la clientela.

En otras palabras, según Carmen Amelia Cedeño: “La función del Ministerio Público es vital para garantizar el equilibrio entre el respeto a los derechos individuales y el respeto a los derechos de la colectividad en su conjunto”. Otras funciones son dirigir la investigación en la etapa preparatoria y procurar una solución al conflicto penal, en representación de la sociedad, dar protección a víctimas y testigos, sostener la pretensión penal en juicio cuando corresponda, asimismo tiene establecer los criterios contra la criminalidad, la política penitenciaria, administrar ciertos bienes incautados, dirigir sus dependencias, entre otras funciones y atribuciones.

El MP actúa a nombre y requerimiento de tod@ l@s ciudadan@s, que en conjunto constituyen el Estado, lo que es su personalidad jurídica. No necesariamente debe ser solicitada su actuación, ya que puede hacerlo por iniciativa propia.

Proyectos implementados en procura de la Independencia y autonomía.

· Ley Sobre el Estatuto del Ministerio Público (Ley 78-03): Garantiza la idoneidad, estabilidad e independencia de sus miembros en el ejercicio de sus respectivas funciones. Desde el Capítulo I, en su definición establece que el MP es: “…funcionalmente independiente en sus actuaciones.” Asimismo en el Capítulo II, plantea como uno de los principios rectores de actuación el Principio de Independencia, en el cual se expresa que “…desarrollará sus atribuciones con independencia funcional de los demás órganos del estado”. En el título V, de la Designación de los miembros, se contrapone la dependencia con el Poder Ejecutivo (el menos indicado), donde plantea que el Presidente de la República designará al Procurador General de la República (quien es la máxima autoridad del Ministerio Público), sus 9 Procuradores Generales Adjuntos, y para rematar en el Art. 24 se establece que: “Los demás integrantes del Ministerio Público serán designados por el Presidente de la República…”. En materia económica, el Art. 39 precisa que el Ministerio Público tendrá una partida propia en el Presupuesto Nacional, la cual administrará con total autonomía. Sobre la duración del cargo se refiere el Art. 44, que establece: "Los miembros del Ministerio Público serán inamovibles durante el término de su elección, que tendrá la misma duración del período presidencial en que fueron designados”; en dicho artículo se establece una excepción para la duración, y es que en caso de haber sido designado por recomendación de la Escuela Nacional del Ministerio Público, permanecerán en sus funciones hasta alguna limitante o cese de funciones de las que establece el Art. 45. En los derechos especiales del MP, se precisan derechos, que crean una política autónoma de autogeneración de Recursos Humanos competentes y calificados.


· Ley Sobre autonomía administrativa y presupuestaria (Ley 194-04): En esta ley se autoriza a establecer unidades administrativas autónomas, requeridas para el funcionamiento de los presupuestos autónomos; y lo más importante se establece el 35% sobre el 4.1% del Proyecto General del Presupuesto de Ingresos y Ley de gastos Públicos, como partida presupuestaria del MP.

La realidad del Ministerio Público: Su “autonomía” e “independencia”.

Existen realidades tangibles en la funcionalidad, modo de actuación y ejercicio del MP, que son evidentes a ojos de todos los miembros de nuestra sociedad, y de la comunidad internacional.

El gran telón de corrupción que arropa al Estado dominicano, no discrimina a ninguna dependencia de nuestros poderes constituidos. La impunidad en el ordenamiento Judicial, recae principalmente sobre la intencional imprudente, improfesional, inmoral y viciada práctica de las funciones de este organismo.

Desde el Poder Judicial, expresado en reiteradas ocasiones por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Subero Isa, dice que el Ministerio Público incoa malas acusaciones, ósea, malas instrumentaciones de expedientes.

Esto ocurre por dos razones, una la incapacidad por la mal formación e improfesionalidad, de miembros del ministerio (hecho que en la actualidad paulatinamente se trata de remediar); y la segunda razón lo es la dependencia que tienen del Poder Ejecutivo. La mayoría de los miembros del Ministerio Público, y los de mayor jerarquía con potestad y facultades extraordinarias, son designados por vinculaciones a las esferas del Ejecutivo, lo que quiere decir, que son sujetos representantes de claros intereses.

Resulta común escuchar sobre el engavetamiento de expedientes, una manera del Ministerio Público complacer, y más aún velar por intereses y apetencias políticas, tal es el caso de Huchi Lora Vs. OPRET; igualmente es común escuchar de los retiros de acusación, tal y como sucedió con el caso PEME recientemente, y todavía más reciente el retiro del Listín Diario de la acusación de Lavado de activos en el caso Baninter; y ni hablemos de los No Ha Lugar por “faltas de prueba” y los descargos alegres.

Se puede afirmar que el MP tiene autonomía presupuestaria, y hasta cierto punto funcional y administrativa, pero presenta una gran mancha que le que resta calidad moral, y es la tan directa vinculación a los intereses políticos tradicionales que han practicado la corrupción, y que para lavarse de impunidad, designan a ciertos sujetos de derecho con objetivos precisos, que impiden y obstaculizan la efectiva y correcta actuación en consonancia con el interés general.

No cabe duda que éstas leyes implementadas en procura de una independencia y autonomía real, son muy valiosas de carácter. Lo que se debe intentar, es lograr que la mayor cantidad de miembros provengan de la Carrera del Ministerio Público.

El eje central de la independencia y la autonomía, está en la despolitización y la calificada formación del Ministerio Público, y propugnar por una eficiente labor coordinada con los distintos estamentos públicos.

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6 Noviembre de 1844
Acta de Nacimiento de nuestra República

Este martes hacen 164 años del nacimiento formal de nuestra República, mediante aquel documento normativo elaborado por 22 diputados electos por voto directo, apoderados por aquellos hombres independientes y comerciantes de la parte oriental de la isla de Santo Domingo, con fines de ejercer el poder constituyente originario.

Esta primera constitución dominicana según varios Juristas e Historiadores, ha quedado intacta en las 37 reformas constitucionales que han sido realizadas, es decir, ha preservado su parte dogmática y sus preceptos fundamentales.

Resulta interesante el hecho de que nuestra constitución tiene su origen en el golpe de estado liderado por el caudillo Pedro Santana, en detrimento del padre de la patria Francisco del Rosario Sánchez (quien ejercía funciones de presidente) y del pueblo dominicano mismo; Santana, automáticamente asume el poder, se propone convocar asambleas electorales para elegir a quienes realizarían los procedimientos constituyentes.

La originaria carta magna, estableció un gobierno Republicano, Electivo y Civil; el derecho de pensamiento y derecho de reunión; la separación de los tres poderes del estado; la obediencia de las Fuerzas Armadas al Poder Civil, y la preeminencia del poder Legislativo sobre el Ejecutivo.

Ya finalizado el proceso de elaboración de la Constitución, ésta fue presentada al general Pedro Santana en su calidad de presidente, quien la objetó por considerar que limitaba las esferas de accionar del ejecutivo, ósea, le limitaba el poder.

Este hecho se convierte en la primera manifestación de la Constitución dominicana como instrumento político de los gobernantes. Este impase se solucionó añadiendo el controversial Artículo 210, que textualmente establecía: Art. 210: “Durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz, el presidente de la República puede libremente organizar el ejército y la armada, movilizar las guardias nacionales y tomar todas las medidas que crea oportunas para la defensa y seguridad de la nación; pudiendo en consecuencia dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan sin estar sujeto a responsabilidad alguna”.

El citado artículo suprime parte de la esencia normativa de la constitución y las leyes, ya que mediante éste, se le otorgaban plenos poderes ilimitados al presidente de la República, y más grave aún, sin ningún tipo de responsabilidad.

Para evadir las tensiones sociales, los diputados se reunieron el 6 de Noviembre de 1844, luego de aproximadamente 3 meses de labores, en la provincia de San Cristóbal para allí someter a aprobación susodicha constitución, convirtiéndose la en la primera Constitución Dominicana, nuestra acta formal de nacimiento ante los ojos del cosmos.

Desde entonces, generalmente la constitución ha servido para satisfacer ciertas apetencias coyunturales de los sectores políticos de la nación, y otras veces para introducir cambios sustanciales, innovadores y necesarios a nuestro marco normativo.

Ernesto Guzmán Alberto
ernestoguzman@gmail.com

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Jerarquía de las Normas resultantes de acuerdos Internacionales.


Han sido dilemas de muchos años los conflictos entre las normas de derecho Internacional y de derecho interno o constitucional de una nación, ya que sin duda alguna, generan contradicciones e injerencias en las normas internas de los estados, creando dos criterios doctrinales: Interno o Constitucional, y la Internacional.

En nuestro marco legal, los acuerdos Internacionales están contemplados en el segundo párrafo del Art. 3 de la Constitución de la República, que textualmente dice: “La República Dominicana reconoce y aplica las normas del Derecho Internacional general y americano, en la medida que sus poderes públicos las hayan adoptado…”, lo que quiere decir que no hay una imposición ni asimilación general de las normas internacionales a nuestro país, sino que vamos asimilando estas normas, a medida que vayamos adquiriéndolas.

De igual modo, se puede apreciar en el Art. 55, numeral 6 de la Constitución, que el presidente de la República es a quien le corresponde “…celebrar tratados con naciones extranjeras u organismos internacionales…”, así como también, expresa que debe someterlos a la aprobación del Congreso; este último según el Art. 37 numeral 14, tiene atribuciones de “Aprobar o desaprobar los tratados y convenciones internacionales que celebre el Poder Ejecutivo”.

El congreso tiene facultad únicamente de Aprobar o desaprobar los tratados, condicionado por la previa observancia y estudio de nuestra Constitución; en caso de ser aprobado, adquiere la obligación de incorporarlo a nuestra legislación interna. Una vez aprobado, promulgado y publicado, se convierte en Obligatorio su cumplimiento, por lo que tiene que ser aplicado por los Tribunales al igual que una Ley.


“En esta materia, el derecho Internacional contenido en el tratado, se transforma en regla obligatoria de carácter interno y aplicable por los Tribunales, una vez cumplidas las formalidades, encontrándose en este aspecto la teoría dualista”. Álvarez Aybar, Ambrosio. Cuadernos Jurídicos. UNPHU. 1978.

Hay que destacar que el Derecho Interno no exime al estado del cumplimiento de sus obligaciones jurídicas Internacionales, y que el derecho Internacional no podrá aplicarse internamente, sino después de haberse adoptado en una norma de orden interno.

Según el profesor del Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, Paul Reuter: “La superioridad del Derecho Internacional sobre el Derecho Interno, se encuentra en la base de una comprobación elemental: las reglas internacionales corresponden a intereses superiores a los nacionales”.

Con todo lo anteriormente expresado se puede afirmar que las normas resultantes de acuerdos Internacionales, tienen valor y fuerza de ley, pero más importante aún, que son de cumplimiento obligatorio e irreversible, salvo las excepciones establecidas en la Sección II de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Susodicha convención otorga jerarquía suprema a los tratados internacionales en su Art. 27, y lo más importante aún, es que regula los tratados Internacionales. Estos Acuerdos, Convenciones, tratados, modus vivendi, Estatutos, Pactos, Actas, Declaraciones, Protocolos, o intercambios de notas, forman parte del Bloque de Constitucionalidad, el cual tiene jerarquía superior al ordenamiento jurídico interno.

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Problemática Carcelaria Dominicana

La cultura de marginación e intolerancia a los condenados y acusados de algún delito, ha sido por muchos años una realidad social dominicana, la cual todavía prácticamente prevalece. Las nuevas tendencias democráticas, liberales y pro Derechos Humanos, han incubado individuos que postulan ideas inversas a las tradicionales, las cuales se han convertido en la doctrina del Sistema Penitenciario, ya que se queda en simple ideología, y se imposibilita la realización de las mismas por falta intención o voluntad. El Sistema Penitenciario es directamente proporcional al Poder Judicial, a la Justicia, lo que quiere decir, que si hay problemas en la Justicia, se traduce en problemas para las cárceles. Esto ha sido el causante principal de los problemas carcelarios, y más precisamente el antiguo Código de Procedimiento Criminal, que daba lugar a la irracional prisión preventiva indeterminada del más indefenso. Ésta deficiencia de nuestro sistema, ha tratado de ser corregida por el nuevo Código Procesal Penal.

Según la Procuraduría General de la República, para Enero del 2006, las 34 cárceles dominicanas albergaban 17,133 reclusos, de los cuales 3,085 habían sido condenados definitivamente, mientras que para septiembre del 2003, el 79% de alrededor de 15,000 presos eran preventivos, por lo que se puede apreciar que no ha habido la supuesta mejoría en el sistema producto del nuevo CPP. Este es uno de los puntos claves del problema, y se llama Hacinamiento por prisión preventiva, además de injusto, inhumano, producto del estancamiento de expedientes judiciales, y de la lentitud con que actúa el deficiente poder judicial dominicano. Adyacente a susodicha problemática, están las precariedades en las cárceles, acompañadas de la sobrepoblación, es decir, no hay herramientas, utensilios, materiales, ni mobiliario que permitan reunir las condiciones mínimas para el preso rehabilitarse dignamente, y más aún, tampoco hay espacio; por ejemplo, la cárcel de Najayo fue concebida para 700 reclusos, pero allí conviven 4000; La Victoria tiene capacidad para 850 presos, pero hay 5,370; Rafey fue construida para albergar 500 presidiarios, y hay 1,008. Estos problemas van emergiendo otros no menos importantes, entre los que se destacan la venta de celdas, cumplimiento de penas sin culpabilidad ni dictamen, violación de los Derechos Humanos, etc. Por hacer referencia a alguno de los mismos, existen casos de presidiarios que sin habérseles pasado causa, llevan 10 años encarcelados; también vemos como quienes más dinero y poder ostentan, mejores condiciones tienen en las cáceles, extrapolándose la injusticia social a los recintos.

La salud es un eje temático que no puede obviarse en este tema, que es producto del mismo hacinamiento, las precariedades y la sobrepoblación. Estas enfermedades van ligadas a la higiene y a la misma sexualidad; la comida no reúne las condiciones para llamarle saludable, tampoco el agua, los baños, ni la misma infraestructura física. No solo se generan problemas de salud biológica, sino también de índole psicológica, por el ambiente que se vive en los recintos del país. Ligado a este tema están las violaciones y la homosexualidad en las cárceles, además del ingreso de la prostitución en común consentimiento de presos y autoridades de estos lugares. Es de conocimiento público el ingreso de bebidas alcohólicas a los recintos carcelarios, pero todas estas puntualizaciones se pueden sintetizar en: complicidad, falta de control, corrupción carcelaria, falta de principios y de voluntad.

Cada deficiencia, deriva de otra mayor, de índole más supremo, ósea, el gobierno no invierte lo suficiente para mejorar el sistema, los entes involucrados no están capacitados como deberían, estos involucrados no son bien pagados para realizar sus funciones, no existe un plan ni proyección de futuro para solucionar estos problemas, entre muchas más. El flagelo de la Droga es un punto medio del problema general, que incide y deriva de la sociedad misma; para conocimiento universal cabe destacar, que según el Procurador General de la República, Radamés Jiménez Peña, de 14,400 presos que actualmente hay en las cárceles dominicanas, 7,200 están presos por tráfico o consumo de sustancias prohibidas (drogas), equivalentes a un 50% de la población carcelaria. Este problema no se limita a ser la razón o culpabilidad para la pena, sino que también su masivo tráfico y consumo en los recintos degenera más desgracias. Lo referido anteriormente tiene gran incidencia a la hora que se producen amotinamientos, así como también lo tienen las armas de fuego y blancas propiedades de los reos, traficadas por sus visitantes y las autoridades de los recintos. Indudablemente, vemos la gravedad del problema desde una perspectiva alejada y muy genérica, pero a la hora de ver alguna imagen, vemos que el asunto es más que grave, mayúsculo y profundo.

Lo que son centros de perversión, hacinamiento, marginación, tortura física y pisológica, deben convertirse en centros reeducación, rehabilitación, regeneración y reorientación, claro, un planteamiento idealista. Todavía se rebusca el contexto al que se refieren cuando se habla de cárcel modelo o nuevo modelo penitenciario. Tampoco se percibe la superioridad ni la intención de las organizaciones de los Derechos Humanos por plantear soluciones o exigirles a los gobiernos que respeten los derechos de los presidiarios, por lo que se confirma cada vez más la función simbólica y figurativa que tienen. La problemática está a ojos de todos, sobre el asunto hablan todos, pero no hay iniciativas más que la práctica discursiva y retórica. También sabemos la razón fundamental por la cual no se intenta solucionar éste problema, y es simple, precisa, objetiva y concisa, y es que estos individuos a quienes no se les considera gente, no ostentan el derecho político que faculta a terceros a hacer y deshacer, por lo que no tienen voz, en democracia representativa denominado voto.

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Principios Fundamentales del Derecho

Los principios elementales del Derecho son varios, todos con el fin u objetivo de velar por los legítimos derechos del acusado, el juzgado, o simplemente de eficientizar, agilizar y depurar los procesos judiciales, de manera que sean más “justos”, objetivos y transparentes, en beneficio de la humanidad o las sociedades.

Susodichos principios han sido acogidos por varias naciones como normas Constitucionales y de valor fundamental, tal es el caso de nuestro país, además de que también están consagrados en diversos acuerdos, pactos, tratados o convenios internacionales.

Hemos seleccionado dos de éstos principios, para conceptualizarlos y analizarlos desde el punto un punto vista jurídico:

Principio Fundamental: Non Bis in Idem.

Este término jurídico proviene del latín, y significa “no dos veces por lo mismo”.

Este principio es acogido a nivel nacional e internacional. Está contenido en el Título II, Sección I (De los Derechos Individuales y Sociales) Artículo 8, numeral 2, literal i de la Constitución de la República Dominicana, el cual dice: “i) Nadie podrá ser juzgado dos veces por una misma causa”:

A nivel internacional, se encuentra en el artículo 8 (Garantías Judiciales), numeral 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y dice: “El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos”.

También se puede apreciar en el artículo 14.7 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como el principio No. 6 de la Resolución 1920, dictada por la Suprema Corte de Justicia en el año 2003

Principio Fundamental: Nulla poena sine culpa o nullum crimen sine culpa.

El presente principio jurídico también proviene del latín, el cual se traduce “no hay pena sin culpa”; esto quiere decir, que ninguna persona puede ser condenada por un delito, si no existe dolo o culpa en la acción que causó el daño.

Susodicha axioma del derecho o doctrina tradicional del derecho, predica que la culpabilidad es un elemento del delito, y hace corresponder la consecuencia penal a la existencia de éste, es decir, la carencia hace que el delito no se castigue.

Pena = hecho ilícito + persona culpable

Está consagrado en normas o Códigos Penales de varios países, tales como Chile “ARTÍCULO 30.- Nadie puede ser sancionado por un hecho expresamente tipificado en la ley si no lo ha realizado con dolo o culpa”); en Perú, incluso el Código Penal Militar lo estipula: ARTICULO 10º- Ningún efecto del delito será imputable al autor si no ha obrado culposamente cuando menos.

Asimismo en nuestra Constitución de la República se trata este tema, llamado Derechos Individuales y Sociales, así como también, son abarcados en el Código Penal Dominicano, en sus Disposiciones Preliminares.

Este principio está muy relacionado a la Presunción de Inocencia, teniendo como común denominador, la culpabilidad.

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Validez y legalidad de los salarios e incentivos de los jueces de la JCE

La sociedad dominicana ha estado sumergida en un complejo mar de debates públicos, referentes a los salarios e incentivos de ciertos servidores gubernamentales. La indagatoria de si proceden o no los incentivos y salarios de éstos funcionarios del estado, solo son competencia de sus respectivas entidades con autonomías legítimas, el cual es el caso de la Junta Central Electoral. Como es de carácter regular en nuestra nación, se opina generalmente desconociendo la realidad implícita de los temas.

En comparación objetiva con muchas de las demás instituciones públicas, el salario y los incentivos que reciben los jueces electorales, son la cuarta parte de lo recibido en otras de menos trascendencia, pero estos casos son obviados por los “medios de información” y las “organizaciones sociales”, casos tales como los de los diputados, senadores, secretarios de estado, gobernador del banco central, entre otros. La validez y legalidad de estas sumas vienen dadas por el carácter de independencia presupuestaria del organismo electoral, así como también lo establecido en las prácticas internacionales comunes de pago de dietas, horas extras y gastos de representación. Si queremos profesionales altamente calificados para dirigir nuestras instituciones, tenemos que pagar lo que valen, y más si queremos que desempeñen de la manera mas eficaz y transparente su labor.

El inicio de la campaña tradicional de descrédito contra esta institución, es obviamente prematura, conjuntamente a la también prematura campaña electoral en mira a las próximas elecciones. Se puede considerar que la creación de esta coyuntura, es la contrarréplica de la magistrada Aura Celeste, a la situación causada por la alarmante y reveladora multiplicidad de funciones que desempeñaba en el estado, convirtiéndose ella en una espina impuesta en una tribuna. El valor máximo neto que devengan miembros del pleno de la junta ronda los RD$199,000.00, mientras que el superintendente de bancos devenga un total de RD$750,000.00, el secretario de finanzas RD$740,000.00 y los jueces de la Suprema corte de justicia RD$600,000.00, solo para comparar con algunas instituciones.

Resulta inconsedible que quienes deben ser procreadores de la paz y armonía en un órgano estatal en el cual descansa la democracia Dominicana, se den la tarea de fastidiar las labores rutinarias para ganar méritos personales ante una sociedad ciega, que se alimenta de la prensa, publicidad y la propaganda. Debemos recordar que “Las clases no se suicidan”, y que el cobro de remuneraciones es voluntario.

La sociedad debe juzgar a todos con la misma vara, para así no distraer la atención en un sofisma malicioso de color rosa para la población. El aparato social es incoherente con el sistema, el cual predica el estado democrático de derecho, aliado a los principios éticos y morales fundamentales.

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Filosofar como modo de estar en el mundo.

El hombre ha de estar ubicado en alguna parte del mundo, y siempre y cuando se encuentre en plenas facultades mentales, ha de accionar de algún modo en base a su razonamiento; esto hace que las fase pre y post accionar sean transitadas por su conciente de manera que haya razonamiento alguno, que de lugar al filosofar de su acción.

El filosofar como modo de estar en el mundo, no es simple teoría de la vida, sino que es un requisito de todo aquel ser, para establecerse en estado psíquico normal, y comprende la mínima medida del indagar a su interior en calidad de viviente.

También es una necesidad abierta del hombre en busca de su desarrollo y porvenir, en todo ámbito de la vida. Por eso considero esta categoría como Filosofo Genérico, cuya calidad de filósofo, viene dada por su condición de ser humano viviente en el mundo, el cual es el reglón de filósofo básico.

¿Cómo está (en el mundo) el hombre y el animal?

El hombre está en condición de ser dotado de fe y razón, mientras que el animal esta simplemente como ser a merced del hombre. El hombre esta como animal que razona, mientras que el animal como simple ser.

¿Como el hombre común y como el filosofo?

El hombre común está en calidad de Filósofo genérico/básico, mientras el filósofo está en condición plena de Filósofo versado en la materia de la vida. El filósofo tiene calidad de hombre común especializado en el pensamiento profundo, mientras que el hombre común tiene calidad filosófica básica/genérica.

¿Humaniza la filosofía al hombre? ¿En que sentido?

Si, en primer lugar en el sentido de que el centro de la filosofía es el hombre como ser y esto hace una relación mas estrecha entre si mismo, y en segundo lugar, el hecho de pensar tan a profundidad sobre algunos temas centrales de la vida, hace que el filosofar comprenda y asimile asuntos de la cuestión humana que inciden en el transcurso de la vida del hombre.

¿Sobreabundancias de filosofías y cansancio filosófico?

Es cierta la abundancia de filosofías, esto también corrobora el dicho de que cada cabeza es un mundo, de modo que al cada hombre tener la posibilidad de trazar sus teorías hace que exista una abundancia, pero nunca será sobreabundancia, ya que consideramos nuestra población y la dividimos entre las filosofías, y veremos que no se concretiza la sobreabundancia, ya que la gran parte prefiere seguir filosofías ajenas que comparte.

El cansancio filosófico también existe, pero no es definitivo; se da mas en casos como cuando las preguntas que queremos responder son de extrema dificultad.

Y sin embargo es posible dejar de filosofar.

Dejar de filosofar como hombre es posible siempre y cuando éste pierda sus facultades mentales, y si comparamos diciendo que los locos también filosofan, decimos que los animales también lo hacen, ya que los locos no razonan muchas de sus acciones, al igual que los animales como los perros.

Decimos que en cada hombre hay un filosofo, ¿Qué sentido tiene esa frase para usted?

El hombre es simplemente un ser dotado de fe y razón, quiere decir que por naturaleza tiene el razonamiento en su conciente. En cada hombre hay un filósofo, pero no todo tipo de filósofo, sino que el hombre está establecido como un filósofo genérico/regular de naturaleza, que es la calificación más mínima de un filosofo, ahora bien, filósofo pensador versado en la materia de la vida es propiamente dicho un hombre estudiado y que estudia para éstos fines.

Distinga entre introducción objetiva y subjetiva.

Introducción objetiva introduce hechos, acciones y objetos de la filosofía, mientras que la subjetiva introduce al hombre como ser, su interior consciente.

 

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