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Problemática Carcelaria Dominicana

La cultura de marginación e intolerancia a los condenados y acusados de algún delito, ha sido por muchos años una realidad social dominicana, la cual todavía prácticamente prevalece. Las nuevas tendencias democráticas, liberales y pro Derechos Humanos, han incubado individuos que postulan ideas inversas a las tradicionales, las cuales se han convertido en la doctrina del Sistema Penitenciario, ya que se queda en simple ideología, y se imposibilita la realización de las mismas por falta intención o voluntad. El Sistema Penitenciario es directamente proporcional al Poder Judicial, a la Justicia, lo que quiere decir, que si hay problemas en la Justicia, se traduce en problemas para las cárceles. Esto ha sido el causante principal de los problemas carcelarios, y más precisamente el antiguo Código de Procedimiento Criminal, que daba lugar a la irracional prisión preventiva indeterminada del más indefenso. Ésta deficiencia de nuestro sistema, ha tratado de ser corregida por el nuevo Código Procesal Penal.

Según la Procuraduría General de la República, para Enero del 2006, las 34 cárceles dominicanas albergaban 17,133 reclusos, de los cuales 3,085 habían sido condenados definitivamente, mientras que para septiembre del 2003, el 79% de alrededor de 15,000 presos eran preventivos, por lo que se puede apreciar que no ha habido la supuesta mejoría en el sistema producto del nuevo CPP. Este es uno de los puntos claves del problema, y se llama Hacinamiento por prisión preventiva, además de injusto, inhumano, producto del estancamiento de expedientes judiciales, y de la lentitud con que actúa el deficiente poder judicial dominicano. Adyacente a susodicha problemática, están las precariedades en las cárceles, acompañadas de la sobrepoblación, es decir, no hay herramientas, utensilios, materiales, ni mobiliario que permitan reunir las condiciones mínimas para el preso rehabilitarse dignamente, y más aún, tampoco hay espacio; por ejemplo, la cárcel de Najayo fue concebida para 700 reclusos, pero allí conviven 4000; La Victoria tiene capacidad para 850 presos, pero hay 5,370; Rafey fue construida para albergar 500 presidiarios, y hay 1,008. Estos problemas van emergiendo otros no menos importantes, entre los que se destacan la venta de celdas, cumplimiento de penas sin culpabilidad ni dictamen, violación de los Derechos Humanos, etc. Por hacer referencia a alguno de los mismos, existen casos de presidiarios que sin habérseles pasado causa, llevan 10 años encarcelados; también vemos como quienes más dinero y poder ostentan, mejores condiciones tienen en las cáceles, extrapolándose la injusticia social a los recintos.

La salud es un eje temático que no puede obviarse en este tema, que es producto del mismo hacinamiento, las precariedades y la sobrepoblación. Estas enfermedades van ligadas a la higiene y a la misma sexualidad; la comida no reúne las condiciones para llamarle saludable, tampoco el agua, los baños, ni la misma infraestructura física. No solo se generan problemas de salud biológica, sino también de índole psicológica, por el ambiente que se vive en los recintos del país. Ligado a este tema están las violaciones y la homosexualidad en las cárceles, además del ingreso de la prostitución en común consentimiento de presos y autoridades de estos lugares. Es de conocimiento público el ingreso de bebidas alcohólicas a los recintos carcelarios, pero todas estas puntualizaciones se pueden sintetizar en: complicidad, falta de control, corrupción carcelaria, falta de principios y de voluntad.

Cada deficiencia, deriva de otra mayor, de índole más supremo, ósea, el gobierno no invierte lo suficiente para mejorar el sistema, los entes involucrados no están capacitados como deberían, estos involucrados no son bien pagados para realizar sus funciones, no existe un plan ni proyección de futuro para solucionar estos problemas, entre muchas más. El flagelo de la Droga es un punto medio del problema general, que incide y deriva de la sociedad misma; para conocimiento universal cabe destacar, que según el Procurador General de la República, Radamés Jiménez Peña, de 14,400 presos que actualmente hay en las cárceles dominicanas, 7,200 están presos por tráfico o consumo de sustancias prohibidas (drogas), equivalentes a un 50% de la población carcelaria. Este problema no se limita a ser la razón o culpabilidad para la pena, sino que también su masivo tráfico y consumo en los recintos degenera más desgracias. Lo referido anteriormente tiene gran incidencia a la hora que se producen amotinamientos, así como también lo tienen las armas de fuego y blancas propiedades de los reos, traficadas por sus visitantes y las autoridades de los recintos. Indudablemente, vemos la gravedad del problema desde una perspectiva alejada y muy genérica, pero a la hora de ver alguna imagen, vemos que el asunto es más que grave, mayúsculo y profundo.

Lo que son centros de perversión, hacinamiento, marginación, tortura física y pisológica, deben convertirse en centros reeducación, rehabilitación, regeneración y reorientación, claro, un planteamiento idealista. Todavía se rebusca el contexto al que se refieren cuando se habla de cárcel modelo o nuevo modelo penitenciario. Tampoco se percibe la superioridad ni la intención de las organizaciones de los Derechos Humanos por plantear soluciones o exigirles a los gobiernos que respeten los derechos de los presidiarios, por lo que se confirma cada vez más la función simbólica y figurativa que tienen. La problemática está a ojos de todos, sobre el asunto hablan todos, pero no hay iniciativas más que la práctica discursiva y retórica. También sabemos la razón fundamental por la cual no se intenta solucionar éste problema, y es simple, precisa, objetiva y concisa, y es que estos individuos a quienes no se les considera gente, no ostentan el derecho político que faculta a terceros a hacer y deshacer, por lo que no tienen voz, en democracia representativa denominado voto.

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Principios Fundamentales del Derecho

Los principios elementales del Derecho son varios, todos con el fin u objetivo de velar por los legítimos derechos del acusado, el juzgado, o simplemente de eficientizar, agilizar y depurar los procesos judiciales, de manera que sean más “justos”, objetivos y transparentes, en beneficio de la humanidad o las sociedades.

Susodichos principios han sido acogidos por varias naciones como normas Constitucionales y de valor fundamental, tal es el caso de nuestro país, además de que también están consagrados en diversos acuerdos, pactos, tratados o convenios internacionales.

Hemos seleccionado dos de éstos principios, para conceptualizarlos y analizarlos desde el punto un punto vista jurídico:

Principio Fundamental: Non Bis in Idem.

Este término jurídico proviene del latín, y significa “no dos veces por lo mismo”.

Este principio es acogido a nivel nacional e internacional. Está contenido en el Título II, Sección I (De los Derechos Individuales y Sociales) Artículo 8, numeral 2, literal i de la Constitución de la República Dominicana, el cual dice: “i) Nadie podrá ser juzgado dos veces por una misma causa”:

A nivel internacional, se encuentra en el artículo 8 (Garantías Judiciales), numeral 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y dice: “El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos”.

También se puede apreciar en el artículo 14.7 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como el principio No. 6 de la Resolución 1920, dictada por la Suprema Corte de Justicia en el año 2003

Principio Fundamental: Nulla poena sine culpa o nullum crimen sine culpa.

El presente principio jurídico también proviene del latín, el cual se traduce “no hay pena sin culpa”; esto quiere decir, que ninguna persona puede ser condenada por un delito, si no existe dolo o culpa en la acción que causó el daño.

Susodicha axioma del derecho o doctrina tradicional del derecho, predica que la culpabilidad es un elemento del delito, y hace corresponder la consecuencia penal a la existencia de éste, es decir, la carencia hace que el delito no se castigue.

Pena = hecho ilícito + persona culpable

Está consagrado en normas o Códigos Penales de varios países, tales como Chile “ARTÍCULO 30.- Nadie puede ser sancionado por un hecho expresamente tipificado en la ley si no lo ha realizado con dolo o culpa”); en Perú, incluso el Código Penal Militar lo estipula: ARTICULO 10º- Ningún efecto del delito será imputable al autor si no ha obrado culposamente cuando menos.

Asimismo en nuestra Constitución de la República se trata este tema, llamado Derechos Individuales y Sociales, así como también, son abarcados en el Código Penal Dominicano, en sus Disposiciones Preliminares.

Este principio está muy relacionado a la Presunción de Inocencia, teniendo como común denominador, la culpabilidad.

 

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