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Independencia y autonomía del Ministerio Público.

En el transcurso de nuestra historia Republicana, desde el origen mismo de nuestra nación hasta la fecha, ha quedado evidenciado el matiz y la influencia política, coyuntural y arbitraria en la JUSTICIA dominicana, de sectores con ciertos intereses involucrados.

El Ministerio Público tiene la función de representar el interés del estado, del derecho objetivo, procurar el bien común, el bien de la colectividad, velar por el orden público y las buenas costumbres, con estructura jerarquizada; quizás en su estructura organizacional más inferior motivada en el principio político de la clientela.

En otras palabras, según Carmen Amelia Cedeño: “La función del Ministerio Público es vital para garantizar el equilibrio entre el respeto a los derechos individuales y el respeto a los derechos de la colectividad en su conjunto”. Otras funciones son dirigir la investigación en la etapa preparatoria y procurar una solución al conflicto penal, en representación de la sociedad, dar protección a víctimas y testigos, sostener la pretensión penal en juicio cuando corresponda, asimismo tiene establecer los criterios contra la criminalidad, la política penitenciaria, administrar ciertos bienes incautados, dirigir sus dependencias, entre otras funciones y atribuciones.

El MP actúa a nombre y requerimiento de tod@ l@s ciudadan@s, que en conjunto constituyen el Estado, lo que es su personalidad jurídica. No necesariamente debe ser solicitada su actuación, ya que puede hacerlo por iniciativa propia.

Proyectos implementados en procura de la Independencia y autonomía.

· Ley Sobre el Estatuto del Ministerio Público (Ley 78-03): Garantiza la idoneidad, estabilidad e independencia de sus miembros en el ejercicio de sus respectivas funciones. Desde el Capítulo I, en su definición establece que el MP es: “…funcionalmente independiente en sus actuaciones.” Asimismo en el Capítulo II, plantea como uno de los principios rectores de actuación el Principio de Independencia, en el cual se expresa que “…desarrollará sus atribuciones con independencia funcional de los demás órganos del estado”. En el título V, de la Designación de los miembros, se contrapone la dependencia con el Poder Ejecutivo (el menos indicado), donde plantea que el Presidente de la República designará al Procurador General de la República (quien es la máxima autoridad del Ministerio Público), sus 9 Procuradores Generales Adjuntos, y para rematar en el Art. 24 se establece que: “Los demás integrantes del Ministerio Público serán designados por el Presidente de la República…”. En materia económica, el Art. 39 precisa que el Ministerio Público tendrá una partida propia en el Presupuesto Nacional, la cual administrará con total autonomía. Sobre la duración del cargo se refiere el Art. 44, que establece: "Los miembros del Ministerio Público serán inamovibles durante el término de su elección, que tendrá la misma duración del período presidencial en que fueron designados”; en dicho artículo se establece una excepción para la duración, y es que en caso de haber sido designado por recomendación de la Escuela Nacional del Ministerio Público, permanecerán en sus funciones hasta alguna limitante o cese de funciones de las que establece el Art. 45. En los derechos especiales del MP, se precisan derechos, que crean una política autónoma de autogeneración de Recursos Humanos competentes y calificados.


· Ley Sobre autonomía administrativa y presupuestaria (Ley 194-04): En esta ley se autoriza a establecer unidades administrativas autónomas, requeridas para el funcionamiento de los presupuestos autónomos; y lo más importante se establece el 35% sobre el 4.1% del Proyecto General del Presupuesto de Ingresos y Ley de gastos Públicos, como partida presupuestaria del MP.

La realidad del Ministerio Público: Su “autonomía” e “independencia”.

Existen realidades tangibles en la funcionalidad, modo de actuación y ejercicio del MP, que son evidentes a ojos de todos los miembros de nuestra sociedad, y de la comunidad internacional.

El gran telón de corrupción que arropa al Estado dominicano, no discrimina a ninguna dependencia de nuestros poderes constituidos. La impunidad en el ordenamiento Judicial, recae principalmente sobre la intencional imprudente, improfesional, inmoral y viciada práctica de las funciones de este organismo.

Desde el Poder Judicial, expresado en reiteradas ocasiones por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Subero Isa, dice que el Ministerio Público incoa malas acusaciones, ósea, malas instrumentaciones de expedientes.

Esto ocurre por dos razones, una la incapacidad por la mal formación e improfesionalidad, de miembros del ministerio (hecho que en la actualidad paulatinamente se trata de remediar); y la segunda razón lo es la dependencia que tienen del Poder Ejecutivo. La mayoría de los miembros del Ministerio Público, y los de mayor jerarquía con potestad y facultades extraordinarias, son designados por vinculaciones a las esferas del Ejecutivo, lo que quiere decir, que son sujetos representantes de claros intereses.

Resulta común escuchar sobre el engavetamiento de expedientes, una manera del Ministerio Público complacer, y más aún velar por intereses y apetencias políticas, tal es el caso de Huchi Lora Vs. OPRET; igualmente es común escuchar de los retiros de acusación, tal y como sucedió con el caso PEME recientemente, y todavía más reciente el retiro del Listín Diario de la acusación de Lavado de activos en el caso Baninter; y ni hablemos de los No Ha Lugar por “faltas de prueba” y los descargos alegres.

Se puede afirmar que el MP tiene autonomía presupuestaria, y hasta cierto punto funcional y administrativa, pero presenta una gran mancha que le que resta calidad moral, y es la tan directa vinculación a los intereses políticos tradicionales que han practicado la corrupción, y que para lavarse de impunidad, designan a ciertos sujetos de derecho con objetivos precisos, que impiden y obstaculizan la efectiva y correcta actuación en consonancia con el interés general.

No cabe duda que éstas leyes implementadas en procura de una independencia y autonomía real, son muy valiosas de carácter. Lo que se debe intentar, es lograr que la mayor cantidad de miembros provengan de la Carrera del Ministerio Público.

El eje central de la independencia y la autonomía, está en la despolitización y la calificada formación del Ministerio Público, y propugnar por una eficiente labor coordinada con los distintos estamentos públicos.

 

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