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Retroceso Jurisprudencial con la Sunland.

Uno de los casos más conocidos por el pueblo dominicano, una punta de lanza en la campaña presidencial 2008 y que todavía permanece con vitalidad, es el controversial contrato suscrito entre la Sunland Corporation y el Estado Dominicano, el cual ha sido objeto de un fallo judicial cuya base jurídica principal, es contraria a la naturaleza misma de la acción incoada, es decir, contraria al derecho contemporáneo. Desfigurar la acción de inconstitucionalidad por una coyuntura política, no es más que otra “metida de pata” del gran componente político presente en el máximo Tribunal.

Prudente no ha sido emplear este elemento (la calidad) como motivación jurídica o base principal de la Sentencia, ya que podrían haber agotado otro argumento jurídico que burle en menor grado la inteligencia del pueblo. Pero es que de todos modos los intereses políticos han incidido demasiado en cuestiones que se suponían del pasado, hemos llegado a un real estado de indefensión, que por medio de la información y la publicidad queda muy bien arropado.

La SCJ en el 1998.
Como consecuencia de la reforma judicial del 1994, en la cual nuevamente se instauraba el derecho a demandar inconstitucionalidades por vía directa, la Suprema Corte, en el ejercicio de sus funciones en fecha 08 de agosto del año 1998, fijó jurisprudencia definiendo “parte interesada” como “…aquella que figure como tal en una instancia, contestación o controversia de carácter administrativo o judicial, o contra la cual se realice un acto por uno de los poderes públicos, basado en una disposición legal, pretendidamente inconstitucional, o que justifique un interés legitimo, directo o actual, jurídicamente protegido, o que actúe como denunciante de la inconstitucionalidad de la ley, decreto, resolución o acto, para lo cual se requerirá que la denuncia sea grave y seria”. Con esta jurisprudencia se hizo destinada fundamentalmente a la defensa de un interés público honor a la naturaleza y origen de dicha acción en procura de justicia, dando derecho al pueblo dominicano de reclamar directamente que la constitución sea respetada.

La doctrina imperante.
Juristas y doctrinarios contemporáneos en la materia han expuesto los criterios prácticos y formales de la acción de inconstitucionalidad. No hay dudas de que la Suprema conoce cuál es la tendencia, lo que han intentado realizar es un cambio jurisprudencial inverosímil, rompiendo con la unidad jurisprudencial, atendiendo a asuntos meramente coyunturales.

El profesor Jorge Prats hace referencia al “carácter popular de la acción”, exponiendo que “la acción directa en inconstitucionalidad es de carácter eminentemente popular porque está, el reestablecimiento del imperio de la constitucionalidad, mediante la anulación de las normas o actos inconstitucionales” (JORGE PRATS: 330). Prats también considera que es una “verdadera acción popular que garantiza el derecho constitucional de todo individuo a denunciar la inconstitucionalidad y a proteger así no solo un derecho subjetivo violado sino a garantizar el ordenamiento constitucional, actuando como verdadero centinela de la constitución y las leyes” (JORGE PRATS: 341).

Las opiniones de la comunidad jurídica dominicana son condenatorias a supracitada Sentencia. Por un lado Nassef Perdomo considera la Sentencia como “otro precedente nefasto”, hecho que en sus palabras “ha dejado abierta la puerta al desastre constitucional”. Mientras que Cristóbal Rodríguez considera que “no es posible entender, desde ninguna de las técnicas de hermenéutica constitucional, el “razonamiento” de la Corte Suprema”, llegando al extremo de desecharlo como argumento jurídico. Otra opinión muy valiosa es la del Dr. Ramón Pina Acevedo, cuya posición es que “es un fallo “eminentemente político y muy bien calculado”, porque indica que los únicos que tienen calidad son los presidentes de las cámaras legislativas, que en la actualidad pertenecen al partido oficialista”.

Motivación Jurídica.
En la Sentencia queda esclarecido el punto de que ciertamente debió someterse a aprobación del congreso el contrato, citando textualmente en la página 11 del indicado fallo: “el Poder Ejecutivo estaba en el deber ineludible de someter el acto impugnado a la sanción del Congreso Nacional, de conformidad con nuestra normativa constitucional”; esto es echado a la borda por el segundo bloque de jueces del Tribunal, encabezado por Luciano Pichardo, quienes no consideran dicho contrato como empréstito, por lo que era otra razón más para declarar inadmisible la acción. Junto a la página 11 de referida sentencia, el voto disidente y el voto salvado, son los elementos más destacados de la decisión, pues claramente la real y efectiva sustancia jurídica recayó en ellos. Pero sin lugar a dudas esto es una decisión política disfrazada de jurídica, que responde a intereses de sectores de poder y otras intenciones.

No caigamos en el insostenible planteamiento de considerar “error judicial” esta sentencia, ni tampoco descalificar a nuestro más alto Tribunal, considerándolos estúpidos, incapacitados del derecho, o algún tipo de analfabetismo jurídico, pues sería ignorar la trayectoria de cada uno de ellos, dudar de su formación y experiencia, veámoslo desde la real perspectiva, aquella que se sirve de la Justicia como instrumento de la política.

Lamentablemente no valió la pena mantener un estado de equilibrio e igualdad en la campaña electoral en consideración de las personas de los candidatos, argumento usado por uno de los honorables magistrados como la razón para retardar el conocimiento del caso por más de un año. Esto podemos considerarlo también, lo único que para ello se requiere un análisis de mayor profundidad, de base eminentemente en las ciencias políticas, como la afirmación de que con esta decisión se busca preservar un estado de equilibrio social y político, la gobernabilidad.

Ernesto Guzmán Alberto.

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"Capitalismo, Democracia y Liberación Nacional" de Juan Bosch.


El libro está conformado por una serie de artículos publicados en el semanario del PLD: Vanguardia del Pueblo, vinculados a los temas del Capitalismo, Democracia y Liberación Nacional. Son autoría de Juan Bosch, quien fuera el principal líder y fundador del Partido de la Liberación Dominicana, y también fundador del Partido Revolucionario Dominicano.

En sus líneas se puede apreciar gran contenido político y vasto dominio de temas sociales, históricos, económicos y culturales en general. Está redactado en un lenguaje llano que puede ser comprendido por cualquier persona con educación elemental en lenguas y literatura.

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Ideas centrales
Capitalismo y Democracia:

- La Democracia representativa es el modelo de organización política estatal que le corresponde al sistema capitalista.

- Todos los países que viven en el régimen político llamado de la Democracia representativa tienen Parlamento.

- La existencia de un Parlamento no implica la existencia de una democracia representativa.

- En el orden Político, la Democracia burguesa reproduce en conjunto y en detalle, todo lo que en el orden económica y social se da en la sociedad capitalista.

- El tipo de gobierno llamado Democracia representativa apareció en América del Norte como un producto natural de la primera sociedad burguesa que conocía el género humana, y correspondía a un nuevo tipo de Estado, el Estado burgués, que se organizó sobre las bases de tres poderes independientes unos de otros.

- No hay ningún país en que los políticos formen un sector más poderoso y más separado de la nación que en Norteamérica.

- Característica primera del capitalismo: todo el mundo tiene derecho a obtener y acumular beneficios económicos y sociales en cualquier actividad a que se dedique sin que esté obligado a respetar principios morales.

- La propaganda favorable a la Democracia representativa descansa fundamentalmente en la suposición de que en ella hay garantías suficientes para que todo el mundo haga uso de derechos y de libertades que son no sólo políticos sino también económicos.

- La Democracia representativa de los Estados Unidos no les concedió derecho ni políticos ni sociales (a las clases marginadas).

- La Democracia burguesa apareció en la historia como un sistema político que operaba en beneficio exclusivo de la minoría dueña de los bienes de producción. Fue, desde su nacimiento, un régimen político al servicio de la burguesía.

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Ideas centrales

Qué es un Partido de Liberación Nacional:

- Los Partidos Comunistas deben estar formados por masas obreras.

- Los Partidos Comunistas del Tercer Mundo, no pueden llevar a cabo luchas de Liberación Nacional porque su condición de partidos de la clase obrera limita de manera determinante su capacidad para aglutinar las diferentes fuerzas sociales que intervienen en ese tipo de luchas.

- En los países dependientes no se desarrolla tanto la conciencia proletaria como la antiimperialista, y la conciencia antiimperialista no tiene que ser necesariamente anticapitalista.

- La existencia del proletariado es un producto directo de la existencia del capitalismo, y para desarrollarse el capitalismo, requiere el desarrollo numérico del proletariado.

- Tanto la estrategia como la táctica son dos conceptos que corresponden lo mismo a la actividad militar que a la política; cada una reclama un tiempo propio para operar y si los conceptos y los tiempos se confunden o se sustituyen entre sí, el resultado es fatal…

- Un partido Comunista es fundamentalmente una organización de la clase obrera.

- La razón de ser de un Partido Proletario, es hacer la Revolución Proletaria; pero la finalidad de los partidos o frentes de Liberación Nacional es lo que dicen sus nombres, ósea, conquistar, por las buenas o por las malas, la independencia Nacional.

- La independencia de nuestros países no era respetada ni por europeos ni por norteamericanos.

- Como sucede en toda obra humana, las revoluciones obedecen a procesos regidos por leyes que impulsan el desarrollo de cuanto contiene en su seno fuerzas vivas, y en virtud de esas leyes, sólo lo que ha muerto deja de moverse.

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Ideas centrales
Liberación Nacional y Socialismo:

- Los Partidos Comunistas no pueden encabezar movimientos de Liberación Nacional.

- Los movimientos de Liberación Nacional no deben ignorar el papel que juegan las Ideas y las corrientes socialistas en las luchas.

- La semilla del país que hoy se llama Estados Unidos, era en el orden ideológico no sólo burguesa, sino además radical dentro de los movimientos burgueses de la época, y esa ideología era entonces la revolucionaria, la del porvenir, la más progresista de su tiempo, así como lo es actualmente la progresista (1983).

- Ni Francia, ni Portugal ni España desarrollaron sociedades capitalistas en sus territorios del Caribe y de América del Sur.

- El Capitalismo anómalo se basaba en la explotación del esclavo, no en la del obrero que vendía su fuerza de trabajo por un salario pequeño o muy pequeño, pero un salario cuya cuantía habían acordado el obrero y su patrón, y sin que se cumpliera esa condición, no podían quedar establecidas las relaciones de producción capitalista.

- En 1869 la República Dominicana era todavía un pueblo que se ahogaba en las aguas muertas del precapitalismo.

- Tales manifestaciones del proceso de desarrollo de EE.UU. no se debían a las virtudes ciudadanas de los norteamericanos, sino al sistema socio-económico en que se formaron las colonias inglesas de América del Norte.

- Será inútil pretender que el pueblo haitiano pueda sacar beneficios de un sistema que no tiene nada que ver con su realidad histórica (la democracia representativa).

- El Socialismo es sin lugar a dudas, el régimen destinado a proporcionarle a la humanidad la mayor suma de libertades que puede disfrutar el hombre antes de entrar en la etapa de sociedad comunista.

- Después de la conquista de América no se había llevado a cabo un saqueo de territorios tan descomunal (EE.UU. Vs. México).

- Nuestro país pretendió organizarse como un país capitalista sin que su pueblo ofreciera bases sociales para eso.

- La Liberación Nacional es el fin estratégico de un Partido Revolucionario.

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La generación del cambio (III).

En esta ocasión considero prudente continuar con la serie de artículos titulados “La Generación del Cambio”, pues resulta atinado en la apertura de un nuevo año hacer un breve, simple y humilde análisis introspectivo a algunos aspectos de nuestra generación. Aquella generación fluorescente, que poco a poco se va desencausando, desperdiciando sus energías en cuestiones banales y otras un tanto anormales. Como siempre, ante toda regla hay excepciones, y es de rigor aislar a un sector importante de esta juventud revolucionaria que merece toda clase de distinción.

El poder.
Esto no es cuestión de desestimar, ni de mucho menos avergonzar, no son más que simples percepciones sensitivas. Camaradas ¿vale la pena obtener el poder por tan solo ostentarlo? nuestra generación ha denotado grandes ansias de poder, que excepcionalmente tiene como fin último realizar los cambios que realmente requerimos. Lo que sí es una finalidad es el ánimo protagónico, donde muchos de los que venden la idea de cambio solo quieren cambiar su status de desconocido parcial a conocido total. En este ámbito, la moral está subordinada al poder. Aunque debemos estar claros de que esto nos lo han inculcado las generaciones precedentes, nos han hecho ver que para todo lo que tiene y no tiene precio está el poder, pero no debe ser lineamiento nuestro. Mejor podemos delimitar que la generalidad persigue un bienestar individual, que un bienestar común. Entendamos que el poder no hace al hombre, sino el hombre al poder.

Las mentiras.
Somos una generación muy vulnerable a las falacias, los sofismas y a las mentiras goebbelianas, con esplendor un chisme mueve más mares que un problema social. Por ello nuestros gobernantes, mediante discursos artificiosos, huecos y vacíos continuarán colmando nuestros sentidos, cuando ya es tiempo de reaccionar ante tales ofensas a la inteligencia del pueblo. Todavía no se constata que la dignidad y la moral son derechos inherentes a la persona; se juega constantemente en todas esferas a destruir honras y reputaciones, desconociendo que no ofende quien quiere, sino quien puede. Juventud; presumamos la buena fe hasta prueba en contrario, constatemos directa y personalmente las acusaciones que ante nosotros realizan contra terceros. Detrás de cada calumnia hay un interés malicioso.

La política.
La política debe dejar de ser un simple medio de acceso al poder, pues es más que eso. No podemos seguir pensando que en ella encontraremos nuestro éxito personal. El fanatismo político encabeza nuestra generación, pocos condenan las malas acciones y ejecutorias, pero muchos las justifican, conceptualizando la más mínima inmoralidad. Esto indica que el sistema actual imperará por muchos años más, inclusive con nuestra generación en el poder, al menos que la excepción se haga regla y viceversa, o que sea por medio de la fuerza. Para hacer el cambio necesitamos mentes políticas cultas, no politiqueras amañadas por el sistema imperante. La desmoralización nos carcome, y esto debemos desvirtuarlo.

El dinero.
El dinero debe dejar de ser el elemento esencial, motorizador de nuestras acciones. Más que motivación o incentivo, debe ser un recurso necesario para lo necesario, no un recurso para lo necesario, lo innecesario y lo vano. Cuando lo necesario está satisfecho, queda el compromiso social, con el compatriota, con el hermano, con el hombre del bien, con la sociedad; donde si eres ingeniero y hay mil familias sin hogares –satisfecha tu necesidad- trabajas para esas mil casas que la nación necesita más allá que obtener grandes beneficios pecuniarios por ellas, sino por el bien de la colectividad que tarde o temprano lo retribuye.

El cambio.
Aspiremos a efectivamente a ser la generación del cambio, dejemos de desencausarnos, no nos engañemos a nosotros mismos, la Juventud dominicana con los principios y valores tangibles que adornan todo ser del bienestar, arraigados en nuestros corazones, que sean inmutables e innegociables. Tenemos el compromiso por destino, de ser entes factores de cambio, y por nuestra calidad de estudiantes universitarios, comprendemos mejor los fenómenos sociales, por lo que es aún más profundo el compromiso; que fue lo que en otras palabras dijera el presidente Allende.

La era está pariendo un corazón,no puede más, se muere de dolory hay que acudir corriendopues se cae el porvenir…
[del gran trovador cubano]


Ernesto Guzmán Alberto.

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Se llama sentido común.

Cuando la deficiencia se hace pasar por eficiencia; cuando la burocratización de los procesos se quiere presentar como organización institucional funcional; cuando el estudiante es oído pero no escuchado; cuando las trabas administrativas constituyen gran satisfacción para las autoridades; cuando las necesidades internas quedan soslayadas por el protagonismo social; cuando el lobbysmo vestido de mediación se convierte en consenso; cuando concurren todos estos puntos, hacemos referencia a la PUCMM.

Un común denominador que tenemos los estudiantes, los grupos de estudios, clubes y comités de nuestra alma mater, son la gran cantidad de obstáculos que impone la administración a la hora de presentar la más simple petición, trabas que desafortunadamente vencen a los proyectos y a las buenas intenciones, hasta al optimismo inclusive, cayendo en un estado de incertidumbre constante, quedando truncadas ante los sillones de piel de aquellos legitimantes del sistema imperante.

Aquí no tienen valor las buenas intenciones, sino el “resguardo” de la imagen institucional y la permanencia del “orden” interno en la universidad. Esto limita de sobremanera la participación e interacción continua que debe tener una “Comunidad Educativa”, algo que evidentemente no se pretende construir. Si no se racionalizan los procesos y se habilita la opción del “sentido común”, pueden hacer cuantas evaluaciones institucionales quieran, pero la universidad seguirá siendo deficiente, centralizada, autoritaria, disfuncional, irracional, y permanecerá fuera de las mejores 500 universidades del mundo, y de las 100 mejores de Latinoamérica.

El interés colectivo del estudiantado está supeditado a la más mínima aprobación de las autoridades académicas y administrativas, en cuestiones tan elementales que pueden ser resueltas mediante Sentido Común. Estas problemáticas son públicas, conocidas por todos, pero al igual que el sector político predominante en el escenario local, no hay intención solucionar los problemas ¿o a caso es que esta misma clase política es la que gobierna la universidad?

Ernesto Guzmán Alberto.

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Los actos políticos o de gobierno.

En países como Francia en tiempo pasado, principalmente durante gran parte del siglo XIX, la terminología de acto político o de gobierno (introducida por el Consejo de Estado Francés) se circunscribía a una indeterminada y amplia esfera de actuación sin control alguno de contrapeso. Esta situación era característica en estados donde se constataba gran accionar político radicalizado en autocracia y arbitrariedades. Otro caso por mencionar es España, donde esta terminología permaneció hasta parte del siglo XX.

La esencia que otorgaba legitimidad a dicho accionar de gobierno, estaba basada en la teoría del móvil político, según la cual: “fuese cual fuese el objeto material del acto, siempre que los gobernantes lo dictasen en función de un fin político, el acto dejaba de ser administrativo y se convertía en político, haciéndose con ello exento del control contencioso-administrativo”. En razón de esta teoría hubo gran actividad jurisprudencial, lo que incidió en la vigencia de la teoría del móvil político por muchos años, como un “límite a la extensión objetiva de la jurisdicción contencioso-administrativa”.

Al iniciarse la construcción de los Estados de Derecho en el S. XX y su consolidación en el XXI, se empieza a romper el esquema tradicional de exención del control judicial alguno de los actos de gobierno, y a desaparecer la teoría del móvil político y los actos políticos. Todo esto bajo el pretexto de que los principios básicos del Estado de Derecho no admite, ni permiten la coexistencia de estas teorías, y que “la administración como tal es universalmente justiciable”.

De ahí el auge y amplitud del recurso de anulación en instancias jurisdiccionales. En la actualidad no se estipula una definición “general y teórica” de acto de gobierno, sino que se desglosan en la jurisprudencia, y se prevén algunos pocos actos correspondientes a “una lista concreta de materias” considerados como tales, entre ellos: organización y mando militar, relaciones internacionales, cuestiones de gracia y amnistías, y unas cuantas más.

La tendencia de los estados es regular y controlar los actos de gobierno, siempre de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos; lo que quiere decir que ya no se admite que “la naturaleza o el objeto político de una decisión la haga escapar del control contencioso”. También hay que destacar que se tiende a reducir el indeterminado libre arbitrio de los poderes, enarbolando la regla de pesos y contrapesos.

Marco conceptual y esquemático:

Acto de gobierno:

§ Casos taxativamente determinados: en la jurisprudencia (lista de actos de gobierno):
o Relaciones gobierno-parlamento.
o Tratados y acuerdos internacionales.
o Defensa del territorio nacional.
o Mando y organización militar.
o Relaciones interconstitucionales del Ejecutivo con los demás poderes.
o Cuestiones de gracia y amnistía.

§ Características:
o No pueden ser objeto de una definición general.
o Carácter político de las decisiones.
o Cuestiones en las cuales el derecho particular de los ciudadanos está subordinado al interés superior del estado.
o Facultades discrecionales.
o Exento de control jurisdiccional.

Teoría del móvil político:

Independientemente del objeto material del acto, siempre que el acto sea dictado por el gobernante con un fin político, es un acto político exento del control contencioso administrativo.

Tendencia:

§ Ya no se admite que la naturaleza o el objetivo político de una decisión la haga escapar del control contencioso.
o El fin político es motivo de anulación por desviación de poder o error de derecho.
o Política jurisprudencial de amplitud del recurso de anulación y de la acción contenciosa.

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Las draconianas tesituras de Niccolò.

La doctrina política elemental no prescinde de Maquiavelo, pues como icono de las ideas políticas, supo plasmar sus concepciones y tesituras de manera insoslayable en trozos de papel. El Príncipe, más que un humilde regalo, evidencia el valor de las ideas, las vivencias y el conocimiento empírico de los legajos del oficio. También demuestra la proporcionalidad e incidencia de la planificación, la proyección y el análisis a priori de las decisiones y acciones en aras de instaurar o mantener una hegemonía política. Consideradas por muchos como teorías draconianas e irreverentes, sin lugar a dudas no son más que ideas clave para el éxito político, que con poco más o menos sustancia pueden ser revertidas, aunque se debe considerar su adecuación pragmática a nuestros tiempos.

Suficiente hemos escuchado el adagio popular que reza “el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”, más sin embargo, como si Maquiavelo fuera su autor, emplea con mucho sazón la técnica analógica, practicándola con las historias de aquellas antiguas civilizaciones para trazar sus asertos. Es una buena manera de instruir y sugerir, las ejemplificaciones, analogías, deducciones, en materia política enlazadas a personajes y estados; pues indudablemente puede que no haya mejor medicina preventiva o curativa, que la del que ha salido ileso de una enfermedad similar, claro está, bajo las mismas condiciones de hecho. Axiomática resulta la aseveración Hobbeliana de que “el hombre es un lobo para el hombre”, pues su competencia lo son sus pares, acompañados del egoísmo y las vicisitudes de la intradistancia humana, mientras que el cometido de Niccolò bajo la afirmación de Hobbes, es realizar sugestiones de lugar a fines de que otro lobo no sea de nuestro peligro.

Juzgar como draconianas las tesituras que alumbran el camino del poder, sería un hecho incontrovertible que no admite demoras en su planteamiento. Medir lo atinado de ciertas previsiones, o las acertadas medidas tampoco. Si la severidad está presente en las relaciones sociales, las soluciones a las crisis de dichas relaciones deben ser severas y contundentes, esto para que no sean simples parches capaces de recaer en desperfectos. Extrapolándolo a la realidad socio-política, consiste en reconocer y curar a tiempo, observando cuestiones tales como que “a los hombres se les mima o se le aplasta”. La avaricia y ambición son cualidades mesurables de la naturaleza del hombre, que engendran actitudes contrapuestas, que para éxito del uno requieren válidas estratagemas, convalidadas por las excusables, espléndidas y sustanciales proposiciones vertidas en esta solemne obra.

El Príncipe, para mantener su vigencia ha de ocultar sus debilidades y subsanar las irregularidades, pasando en estas circunstancias de ser una hipocresía a convertirse en una virtud. Si de una manera u otra nos percatamos de la realidad humana, notamos la heterogeneidad social, siendo las diferencias esenciales entre los hombres la diversidad de criterios personales que denotan regular subjetividad. En consecuencia, no queda otra solución que presentar el abanico de opciones que nos pone a disposición Maquiavelo, para así lograr el equilibrio del principado, lo que se denomina “gobernabilidad”. Al plantearnos un objetivo, debemos emplear todos medios posibles para lograrlo, pero como hemos dicho en párrafos anteriores, deben adaptarse los enunciados Maquiavélicos a nuestros tiempos, ya que nuestros márgenes y delimitaciones contemporáneas están bordeadas de legitimidad y licitud, pues es el orden social imperante.

Ernesto Guzmán Alberto

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Entre mendigos, parqueadores y buscones.
Transitar por las calles de la ciudad primada de América es toda una travesía, aquella ciudad donde habitan muchos genuinos descendientes de los aventureros presidiarios españoles que acompañaron a Colón en la travesía, a parte de uno u otro descendiente del mestizaje con las Siboneyes, Ciguayas, o las Nitaínas. Indiscriminadamente, como peatón o como conductor nos encontramos con situaciones del todo funestas y estresantes. Estos hechos no son más que legajos de la cotidianidad quisqueyana.

Un limpiabotas que ofrece sus servicios… un limpia-vidrios que impone sus servicios… un buscón que estafa con sus servicios… una prostituta que sonsaca con sus servicios…. un mendigo que ruega por alguito… y un tiguerón que vive del “cuido”. Todo esto constituye lo que Chucho PRATS denomina “El Paisaje de la República Dominicana”. Resta citar al frutero, al canillita y al heladero para comprender mejor el engranaje que opera; ni hablar de los motoristas de la muerte, ni de los pilotos de los coetes públicos.

En su reacción inmediata, no hay personajes más similares a las prostitutas que los buscones y parqueadores, en quienes han predominado los genes dominantes de los Caribes. Son una especie plaga que nos arropan desde el intento de asomo a su auto-atribuida demarcación. Es difícil de comprender la razón de la “obligación pecuniaria” que se contrae al parquearse, de manera particular, en las inmediaciones de cualquier institución estatal, bajo la consideración de que todavía existen las áreas públicas, áreas comunes, abiertas a todos, que son mantenidas por nosotros mismos.

Para la “redistribución informal de capital”, esto es, el dinero distribuido entre limpiavidrios, mendigos, limpiabotas, parqueadores y tinguerones, debemos realizar una tabla matemática para determinar el presupuesto de estos gastos corrientes. La ecuación es directamente proporcional a los lugares donde se acuda, e inversamente proporcional a la cantidad de lugares y tiempo que se dure en ellos. Son un sector de la economía exento de medidas impositivas, un baúl en el que sólo se echa sin restituir lo mínimo a la ciudad; fondos que podríamos recaudar para pagar a los 250 diputados que se espera lleguemos a tener dentro de poco tiempo.

Ernesto Guzmán Alberto

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La esclavitud de ARISTÓTELES en el siglo XXI.

Consciente estuvo el Estagirita de que el hombre como ser es sociable, indiscutiblemente una cualidad inherente, ahí yace el requerimiento de “establecer la regla de vida de la asociación política”, con fines de procurar el orden y el bien común. Muy acertado estuvo cuando dijo que la Justicia es una necesidad social, y no menos cuando criticó la teoría de la comunidad de bienes. Atención merece el hecho de que aquella figura de la esclavitud a la que se referían grandes pensadores de otrora, entre ellos Aristóteles, se presenta hoy día en las organizaciones políticas contemporáneas cubierta de un velo que disuade su oscura esencia, obviamente, como los tiempo cambian, los requerimientos no son los mismos, tampoco las funciones, ni sus caracterizaciones.

El griego esgrimió sus argumentos razonados que le inducen a defender la tesis de que “todo servidor es como un instrumento que antecede a otros instrumentos y los coordina”, pero añado, aunque la sociedad le atribuye los méritos a ese servidor, constatamos en proporción considerable de casos, que quien presuntamente coordina no hace honra a dicho término, sino que funge únicamente como depositario de los créditos, inaplicándose la formulación de que “el ser que manda tiene que poseer la virtud moral en toda su perfección”, pues no hace lo que debe hacer en el tiempo y espacio, incumple el ejercicio de sus funciones y atribuciones.

El esclavo contemporáneo no es un “impío ni salvaje animal”, más es un “instrumento animado”, un “instrumento para la acción”, que hasta cierto punto algunos productos de sus capacidades o dones, vienen a ser propiedad de un señor empleador por tiempo determinado, o mientras perduren circunstancias que afiancen la relación; esto con la legítima condición de la no aprehensión corporal por desistimiento de la relación o su incumplimiento, lo que quiere decir que no hay disposición física, ni trato inhumano sobre el súbdito por este tipo de cuestiones; todo esto radicalmente opuesto a otrora. El esclavo no lo es de naturaleza, ya lo decía Teopombo, citado en la Política: “la ley es la que hace a los hombres libres y esclavos, no reconociendo la naturaleza ninguna diferencia entre ellos”. Creemos que en las sociedades justas, la libre determinación humana permite al individuo decidir entre ser esclavo o señor, toda vez que los fines del estado lo permitan, y que las oportunidades recaigan en sobre los entes ideales equitativamente.

Mientras en las sociedades injustas la regla es aceptar el statu quo, no hay oportunidades equitativas para todo ser, pues debemos ceñirnos a la “autoridad de un señor”, quien puede ser o no un autócrata, lo que sí es notable es el predomino de la “ciencia propia del señor” en estos casos. La excepción es alcanzar el estado que el individuo se dispone, contra viento y marea, predicando que “quién por su inteligencia es capaz de previsión, es por naturaleza gobernante y por naturaleza señor”. Resulta un axioma que “la autoridad y la obediencia no son sólo cosas necesarias, sino que son eminentemente útiles”, ahora bien, si bien es cierto que algún don puede privilegiar con la capacidad de ser señor, no quiere decir que sea irrefragable el hecho que desde el momento de nacimiento, alguno vayan destinados determinantemente a obedecer, y otros a mandar. También persiste el derecho a la conformidad, mediante consentimiento del sujeto, endosando lo que deviniera, y evidente que para estos “la esclavitud es cosa provechosa y justa”.

Ernesto Guzmán Alberto

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PaPaH tenía razón.

Recuerdo aquel 13 de mayo del año 2003, cuando se anunció un discurso por cadena radial y televisiva que daría el Gobernador del Banco Central. Un mensaje masivo cuyo tema era desconocido, y mas aún, una locución proveniente de un personaje que rara vez o nunca, hacía ponencias al pueblo dominicano desde la casa de gobierno.

Interesante era el tema, pero incomprensible para las masas. Consistió posiblemente en la denuncia pública más costosa y con más repercusiones en la historia de la República Dominicana. Lois Malkún se atrevió, fue un acto de responsabilidad y honradez informar al pueblo dominicano, lo que tres gobiernos –que inclusive el suyo hasta el momento– no habían dado a conocer, evidentemente no por encubrimiento ni impunidad, sino por efectividad de los artilugios informáticos y contables de Baninter, que logró por 14 años evadir las técnicas de control y supervisión de reconocidos organismos nacionales e internacionales.

En la actualidad, cinco años después, ver a George Bush y su gobierno auspiciar el rescate de los bancos colapsados, estatizar algunos, y los salvatajes bancarios en general, resulta muy interesante para determinar mediante analogía lo atinado de la decisión de rescate masivo que en 2003 ejecutó el gobierno de turno. Esta decisión por sus constantes y fuertes críticas, degeneró en una serie de especulaciones, que para algunos cerebros concretizó un golpe de estado económico y financiero al gobierno de Mejía.

Bearn Sterns, Lehman Brothers, Merril Lynch, Fannie Mae, Freddie Mac, IndyMac Bank, y otras entidades bancarias y financieras estadounidenses, son evidencias del derrumbe del sistema en EE.UU, cada una con su historia en particular, entre ellas entidades salvadas y otras estatizadas. Esto a pesar de que por otro lado, varias “lumbreras económicas” y numerólogos de la parte oriental de isla La Española, argumentaban tenazmente sobre la crisis del 2003, que el gobierno nunca debió asumir el rescate de todos los ahorristas de los bancos quebrados; pero entonces los colonos del norte del continente americano están haciendo lo contrario, ¿Están equivocados? ¿Les falta capacidad para el manejo correcto de la crisis que muchos “expertos” dominicanos sí saben manejar?

Gracias a las falsedades e infamias vertidas en campaña, todavía el pueblo dominicano tiene grandes desconciertos sobre lo acontecido en el 2003. Nuestra politiquería ha ocasionado que prevalezcan las masas ignorantes, que como cotorras o bocinas, entonan lo que los políticos han querido a su modo transmitir. Más penoso es escuchar a la juventud dominicana en proceso de formación, haciéndose eco de las incoherencias y falsedades que favorecen coyunturalmente a sus líderes políticos.

Esto no es asunto de conceptualizar con ideas vacías para agradar a un sector determinado de la sociedad, o para sacar provecho político a las calamidades de nuestra nación. Frente a nosotros tenemos casos con características similares, también tenemos los informes del BM, BID, FMI, PNUD, del gobierno de los Estados Unidos, la CEPAL, y muchos más, que desglosan claramente que las acciones ejercidas por el gobierno de Hipólito Mejía, no fue un antojo ni un capricho, sino que fueron las soluciones planteadas por las distintas instituciones internacionales.

Cinco años después, luego de tantos informes, auditorias y Sentencias Judiciales, se ha comprobado que PaPaH tenía razón, esa razón le costó la segunda etapa de su mandato y la reelección. También por los sofismas maliciosos, el manejo inadecuado y doloso de la información por parte de grupos de poder, al igual que Sócrates y Galileo, obtuvo condena de gran parte de la sociedad, aunque a diferencia de las dos supracitadas figuras históricas, nuestra ingrata sociedad no le ha reconocido PaPaH haber tenido la razón.
Ernesto Guzmán Alberto.

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DE LA JUSTICIA PLATÓNICA AL ESTADO PERFECTO.

No caben dudas de que para Platón la Justicia es un equilibrio de hecho y de derecho que se traduce en un Estado Perfecto. Sociedades como la nuestra pregonan constantemente una Justicia que ha de considerarse utópica, no por el sentido ni el fondo de la misma, sino por la ineficacia y vulnerabilidad de los inacertados medios planteados para lograrla. Mientras Platón postula la necesidad de preparar al ciudadano ideal desde su fase inicial hasta la última, nuestra sociedad favorece un libertinaje pleno con un abanico infinito de opciones, que hace sucumbir en desconciertos eternos, injusticias e infuncionalidades. Somos testigos de que el Poder de gobernar puede recaer en las manos menos adecuadas, individuos que no pueden gobernarse ni a sí mismos, así como otros que no están capacitados para ello; otros que vienen dotados desde su origen con innumerables vicios inmutables, hasta muchos otros instruidos en el arte de seducir con discursos artificiosos al pueblo y a los jueces (Glaucón), empleando su elocuencia para compensar sus “indelicadezas”, lo que constituye a fin de cuentas una maldición.

Algunos infieren que la teoría de la especialización lacera el derecho a la autodeterminación humana, o en sentido más amplio la libertad, eje y pilar de un estado democrático; ahora bien, Platón no intenta insertar el principio de especialización en una sociedad democrática, solo desde otras formas de gobiernos y como miembro de sociedades como tales, se puede considerar ilegítima la ejecución de dicho principio; pues sería instalarle a un abanico el motor de un automóvil. Puede considerarse utópica la concreción del Estado Perfecto, pero gradualmente podemos irnos acercando a él; como seres imperfectos tendremos productos imperfectos, pero cada vez más en su mínima expresión. La formación planificada y estricta de generaciones futuras, reduciría enormemente las posibilidades de incongruencias en la organización socio-política, y más cuando se consideran las aptitudes naturales de los individuos.

Se cuestionaría que con prudencia, valor y templanza no obtendríamos justicia, y se consideraría que son meros enunciados sentimentales estas virtudes, pero no es así, son practicables, son tangibles y son reales, aunque no asumiríamos estas virtudes por el simple hecho de hacer una maestría en Francia, ni por estudiar en la PUCMM, sino por la sumisión paulatina desde la infancia al orden moral. Así pues estos valores vendrían adheridos al ciudadano, se vendría estudiando a cada quien individualmente, y se vendría encajando en la función para la cual más funcional sería en la sociedad; para los escépticos: encajaría porque su naturaleza y dotes naturales así lo predisponen. Con estos valores se constituye la Justicia, y en consecuencia se instaura la armonía y salud en las almas de la ciudad perfecta.

Quien dice que la justicia es más útil que la injusticia, yerra al decirlo; quien piensa que la Justicia no es lo más provechoso al más fuerte, también se equivoca, y quien no considere que el gran mérito de la injusticia es parecer justa sin serla, no vive en este planeta. Absurdo sería pensar que todo permanecerá igual, mientras cada día vemos las injusticias e irracionalidades del statu quo, lo que honraría a Sócrates cuando dijo: “Para la mayoría de las personas…, es difícil concebir que la felicidad pública y privada no pueda alcanzarse en una ciudad diferente a la nuestra” (Sócrates). Asumiríamos por defecto la realidad, tendríamos una conformidad hipócrita o una inconformidad silente, pero esto no debe ocurrir, por ello debemos ir configurando nuestras fuerzas y programando nuestra visión para hacer efectivos los cambios que la sociedad requiere.

Ernesto Guzmán Alberto.

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Ideas y expresiones extraídas de La República: Platón.

Al: Honorable Juez Presidente del Supremo Tribunal Universal.

Asunto: Formal solicitud de ejecución de ideales Platónicos del Estado Perfecto.

Fecha: 17 de septiembre del 2008.

(…)

Visto: La República o El Estado, autoría de Aristocles Podros, alias Platón.

Por cuanto:
Que la justicia es lo provechoso al más fuerte.

Por cuanto:
Que el gran mérito de la injusticia es parecer justa sin serla.

Por cuanto:
Que la injusticia es sabiduría y virtud, sobre todo cuando es perfecta y subyuga ciudades y naciones.

Por cuanto:
Que el interés de algunos no merece ninguna consideración cuando se trata del interés general.

Por cuanto:
Que la mayor recompensa para la virtud consiste en la inmortalidad.

Por cuanto:
Que si bien es cierto que el injusto, logra hacer olvidar sus crímenes mediante espléndidos sacrificios y oraciones, no menos cierto es que la justicia es armonía y salud del alma.

Por cuanto:
Que si bien es cierto la justicia no es más que la conveniencia de la autoridad no menos cierto es que la justicia consiste en que cada una de las facultades cumpla en el alma y en el individuo la función que le ha sido asignada.

Por cuanto:
Que si bien es cierto que la felicidad radica en practicar la injusticia y evadir sus posibles consecuencias desagradables, utilizando la astucia o buscando una adecuada asociación que lo proteja, no menos cierto es que cuanto más se estiman las riquezas, menos se aprecia la virtud.

Por cuanto:
Que si bien es cierto que la justicia no es sino conveniencia del gobierno establecido y este es el que tiene el poder, no mucho menos cierto es que un gobierno que sea por sí mismo la encarnación de lo justo, explica la concepción del Estado perfecto.

Por cuanto:
Que si bien es cierto que la injusticia es más útil que la justicia, no menos cierto es que el bien es la base de la ciencia, la ética y la política.

Por cuanto:
Que si bien es cierto que la justicia es hacer el bien al amigo que es bueno y perjudicar al enemigo que es malo, no menos cierto es que la usurpación de los derechos del otro es injusticia.

Por cuanto:
Que si bien es cierto que la nación dominicana requiere un cambio radical que alterne el curso que lleva, que la está conduciendo al estancamiento y al estallido social, no mucho menos cierto es que para la mayoría de las personas concebir que la felicidad pública y privada no puede alcanzarse en una sociedad diferente a la nuestra.

(…)

Tomando en consideración los argumentos esgrimidos por esta parte, solicitamos cortésmente lo siguiente Honorable Magistrado:

Primero:
Instaurar como pilares de nuestro estado la prudencia, el valor, la templanza y la justicia.

Segundo:
Fijar como principio rector del trabajo el principio de la especialización, organizando la sociedad funcionalmente, tomando en consideración los dotes naturales de cada individuo.

Tercero:
Destinar a los amantes de la verdadera filosofía al gobierno del estado ideal, prohibiéndoles el ejercicio del derecho a la propiedad privada.

Cuarto:
Prohibir como formas de gobierno la timocracia, la oligarquía, la democracia y la tiranía, estableciendo la aristocracia o Estado ideal como forma determinada.
En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana…

(…)

Ernesto Guzmán Alberto
Suscribiente

Fondo y esencia: Aristocles Podros – Platón –.
Forma: Ernesto Guzmán Alberto.

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La Sensibilidad Humana
en la campaña presidencial de los Estados Unidos.

Han transcurrido algunos 18 meses de campaña política interna en los EE.UU., forjando las aspiraciones presidenciales de muchos, que ha concluido con las nominaciones a la administración central de dos notables figuras políticas, dos senadores, dos polos que presentan trayectorias y logros discrepantes, pero que en sus respectivos discursos confluyen a puntos estratégicos, uno de los cuales se ha convertido en eje central y cardinal de la campaña; este punto es la sensibilidad humana que ambos pretenden mercadear. De parte del Poder Político estadounidense, enaltecer este aspecto resultaría muy extraño para una nación que evidencia prácticas sumamente radicales a su interior y en muchos casos arbitrarias hacia el exterior. Una sociedad compleja, caracterizada por su conservadurismo y demás tendencias tradicionalistas.

Es el caso de una nación beligerante cuya arma política interna, factor motorizador de la campaña que incide directamente en la decisión electoral, no es la guerra ni su armamento en sentido estricto, sino que conociendo la psiquis humana, se exhalta y enarbola la sensibilidad humana, constituyendo el proceso humanizador de la política. Este proceso es apreciable en las francas historias personales y familiares de los candidatos, narrativas que no solo muestran verdades del gigante Americano, sino que también dan un impulso motivacional a aquellas tendencias populares que se identifican con cada una de sus historias.

Hemos escuchado a Barack Obama hablar de su propia historia: "La breve unión de un joven de Kenia y una joven mujer de Kansas que no les iba muy bien las cosas ni eran muy conocidos, pero que compartían la creencia de que en América, su hijo podía alcanzar lo que se propusiese en su cabeza". (...) "en las caras de esos veteranos jóvenes que regresan de Irak y Afganistán, veo a mi abuelo... marchó en las filas del ejército de Patton y fue premiado... con la oportunidad de ingresar en la universidad mediante Acta para los veteranos". (...) "en la cara del estudiante joven que duerme sólo tres horas antes de entrar en el turno de noche, pienso en mi mamá, quien sóla, nos crió a mi hermana y a mí mientras trabajaba y estudiaba para un título...". (...) "cuando oigo a una mujer que habla de las dificultades de abrir un negocio propio, pienso en mi abuela, quien progresó trabajando, desde el grupo de secretarias hasta ser supervisora... ella aplazó la compra de un nuevo automóvil o un nuevo vestido para que yo pudiera tener una vida mejor".

La historia del Senador Obama es muy similar a la de cualquier familia latinoamericana, y en especial la de aquellos que emigran a los Estados Unidos de América en busca de un futuro mejor. La del del Senador MacCain, no menos emotiva, se asemeja más a la de un héroe de la Liga de la Justicia, a las historietas del tradicional "fiel defensor de la patria americana", con la atenuante que la de John Sidney McCain III no es una historieta, sino que es verídica. Es notable que este último tipo de historias está más alineada con los intereses e indiosincrasia norteamericana, donde la guerra y la defensa nacional, la permanencia como primera potencia mundial y demás, son el modus vivendi de aquel pueblo amigo; constituyen los pilares fundamentales de lo que Obama denomina "Sociedad de Propietarios".

La gran historia heróica de McCain inicia poco más tarde que la de su contendor: "cuando tenía cinco años, un automóvil frente a nuestra casa. Un oficial de la Marina bajó la ventanilla y le gritó a mi padre que los japoneses habían bombardeado Pearl Harbor. Apenas volví a ver a mi padre en los siguientes cuatro años. Mi abuelo volvió a casa de esa misma guerra extenuado por todas las penurias que había tenido que soportar, y murió al día siguiente. (...) En vietnam donde forjé las amistades más estrechas de mi vida, algunos de esos amigos nunca volvieron a casa conmigo. (...) en una mañana de octubre en el Golfo de Tokín, me preparaba para mi vigésimotercera salida sobre Vietnam del Norte. No tenía ninguna preocupación de que no volvería sano y salvo. (...) Entonces me encontraba cayendo hacia el centro de un laguito en la ciudad de Hanoi, con dos brazos rotos, una pierna rota y una turba enojada esperando para recibirme. Fui depositado en una celda oscura y dejado para morir allí".

En esto consiste la sensibilidad humana que se transmite con cada oración como las supracitadas, el fin que se persigue y el objetivo mercadológico que concretiza. No podemos condenar el empleo de tales vivencias en procesos como éste, son idóneas para los procesos democráticos, y más cuando son prueba de la pericia de los postulados. Mientras Obama expresa respeto y gratitud a McCain por haber vestido con valor y distinción el uniforme estadounidense, este último manifiesta su respeto y admiración al primero por su proeza. Mientras Barack Hussein Obama dice "reconozco que no soy el candidato más convenciaonal para este cargo. No encajo en el pedigrí típico, y no me he pasado mi vida profesional en los pasillos de Washington"; MacCain dice "Sé como funcionan las fuerzas armadas, qué pueden hacer, qué pueden hacer mejor, y qué no deben hacer. Sé como funciona el mundo. Conozco el bien y el mal que contiene. Sé cómo colaborar con los líderes que comparten nuestros sueños de un mundo más libre, más seguro y más próspero, y cómo enfrentarme a aquellos que no lo hacen. Sé como asegurar la paz".

No es muy razonable la determinación del voto por meros enunciados sentimentalistas, pero queda en manos de los ciudadanos norteamericanos acoplar a sus requerimiento el candidato ideal, con el miramiento de su realidad contemporánea como nación y los grandes retos que enfrentan, lo que sí debemos determinar es el alcance que tiene la humanización de los procesos políticos como este, la sensibilidad humana y su incidencia en el electorado, pero especialmente aquel electorado de los Estados Unidos de América caracterizado por sus posturas radicales, aveces drásticas y secas, así como también con la clara autocaracterización que hizo MacCain de que "los americanos somos ambiciosos por naturaleza".

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Motorización Izquierdista de los JJ.OO. 2008.

El modelo es República Popular, su marca es China, el año del modelo es 2008; tiene un sistema de combustión interna Socialista motorizado por más de 1,300 millones de caballos de trabajo. Este modelo prevee generar 7,792,47 millones de dólares en valores de índice PBI PPA (el segundo lugar -FMI).

Desde siempre se nos ha querido inculcar como un síndrome maligno los ideales izquierdistas; una enfermedad infecciosa transmitida principalmente por las doctrinas Comunista y Socialista, ingerida mediante el conocimiento de las ideas Revolucionarias. Pero hoy día estamos viendo colapsar el sistema vigente, un sistema basado en desigualdad, que nos ha traido hambrunas, escasez, injerencias, abusos, un estallido social fruto de las injusticias, la corrupción, despilfarro del erario público, y una serie de inmundicias.

Se nos presenta en la cara una realidad insoslayable, indivisible del espectro Revolucionario rezagado de nuestras naciones, esa realidad es CHINA. Tanta maldición y tanto deseo de fracaso han sido insuficientes para detener al gigante asiático, que hoy nos brinda en bandeja de oro y con gran esplendor los Juegos Olímpicos Beijing 2008.

Este evento ha filtrado a la humanidad el gran desarrollo y potencial de aquel pueblo socialista, parte de sus riquezas, que ha sido uno de los más asediados por el imperialismo. ¿No resulta una hipocresía imperialista, 18 horas antes condenar acciones del pueblo soberano de China para luego sentarse en su estadio deportivo nacional a presenciar los juegos?

La tenacidad del pueblo asiático pone en evidencia sus fortalezas. Asimilar la decisión y autodeterminación de aquel pueblo es difícil, y más aún partiendo de sus entrañas políticas; mientras nuestros pueblos con una "democracia republicana presidencialista abierta" están abismalmente malposicionados en la generalidad de los índices internacionales con respecto a China, esta última sí continúa subida en el palo, encaminándose pa' lante.

Resulta extraño que en una aldea global con una generalidad abrumadora de estados capitalistas, un estado socialista esté dirijiendo el timón de producción en muchos sectores a nivel mundial y para colmo, ser el principal socio comercial de la potencia imperialista número uno.

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La Carta del Ex-presidente Mejía.

Las erróneas teorías económicas y políticas vertidas por nuestra máxima autoridad Ejecutiva de la nación, coreada por sus ostentosos subordinados y allegados, quedan mutiladas y silenciadas ante las objetivas líneas dirigidas por el presidente Mejía al presidente Fernández, cuya más sublime característica es el carácter técnico, estadístico y científico en la sustancia de la misiva.

Esta segunda carta no presenta un grandioso elemento que contenía la primera, que eran los extractos de los informes de los organismos internacionales, de sus apreciaciones sobre el manejo de la crisis y el evidente fraude como causa principal de la crisis económica del 2003. Pero sustituye esa técnica por la de ejemplificación y analogía, con casos similares recientes y actuales.

Mucho provecho le sacó nuestro mandatario a sus erradas y falsas "conceptualizaciones" sobre la crisis económica del 2003 y la quiebra de Baninter, hasta el punto de usar estos temas como herramienta electoral. Luego del veneno inyectado a la población, y la teoría Goebbeliana de la mentira repetida muchas veces finalmente asimilada como verdad, todavía se tiene la descabellada e infundada idea de que el fenómeno Hipólito Mejía creó la crisis económica o la quiebra de Baninter.

Voy a citar algunos interesantes párrafos de la tan motivada misiva del expresidente Hipólito Mejía al presidente Leonel Fernández, de fecha 04.08.2008:

[En la sentencia No. 0052-TS-2008 ... se establece que los imputados son "culpables de alteración, desfiguración y ocultación de datos o antecedentes, libros, estados de cuentas con el fin de obstaculizar, dificultar, desviar o evadir la fiscalización que corresponda efectuar a la Superintendencia de Bancos, así como la elaboración, aprobación o presentación de un balance o estado financiero adulterado o falso y la ejecución y aprobación de operaciones para encubrir la situacióndel Banco Intercontinental, S.A." La decisión de la justicia dominicana, complementada por ese grupo de opiniones totalmente independientes, demuestra que la acusación de usted y algunos de los funcionarios de su equipo económico contra mi gobierno es totalmente infundada y politiquera. El pueblo dominicano ya sabe quién habló verdad y quién dijo mentira.

Ante el colapso de tres entidades financieras de gran tamaño teníamos una opcion: rescatar o no a los depositantes que habían creído en lo que los diferentes gobiernos, durante años, les habían dicho: que ahorrar y depositar en nuestros bancos era seguro. Su misma Fundación, Señor Presidente, la Fundación Global Democracia y Desarrollo se encontraba entre los depositantes de uno de los bancos quebrados, con dos cuentas corrientes, una cuenta de ahorro y 64 certificados financieros quetotalizaban RD$119,132,136.98.

No dudé un solo instante en reconocer que la decisión tomada por las autoridades monetarias y financieras de mi gobierno fue la correcta. Reconozco que la forma en que se rescató a los depositantes y ahorrantes, con títulos y certificados de corto plazo, es un tema que está sujeto a debate y argumentaciones. Pero cuando se está frente a un riesgo de contagio tan elevado como el que calculaban las autoridades monetarias y el propio FMI, no hay mucho espacio ni tiempo para teorizar y "conceptualizar", mientras cientos de miles de depositantes y ahorrantes de todo el sistema están a la espera de señales para determinar si mudan o no sus ahorros al exterior.

Yo no tuve, ni tengo, intereses alrededor de los bancos quebrados. Pero si los hubiera tenido no le quepa a usted ninguna duda de que habría actuado exactamente igual, llevando el caso a los tribunales como lo hicimos.

Yo pude haber jugado a la política con la crisis, pude valerme de ella para sacarle provecho electoral, pero nunca he sido un demagogo ni un oportunista. Habría sido un acto de irresponsabilidad que yo mismo no me lo hubiera perdonado jamás porque soy un hombre de principios y de valores.

Pero tampoco el pueblo, ni la historia, me lo perdonarían nunca. Actué como tenía que actuar. Hoy los hechos me dan la razón. La sentencia condenatoria a los involucrados en el fraude bancario no puede ser más explicita.

Como puede usted ver, Presidente, el agua se aclara sola al paso de la corriente.

Como en el 2003, el país se ve sacudido por una grave crisis económica, pero por factores diferentes. Tiene usted en sus manos una gran responsabilidad. Contrario a como usted actuó estando en la oposición, yo no pienso actuar demagógicamente, ni oportunistamente para sacarle provecho político a la crisis. Actuaré como debe actuar un dirigente político serio y responsable, actuaré como debe actuar un ex presidente de la República, como un Estadista].

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LA ERRÓNEA ARTICULACIÓN DE LA POLÍTICA COMO CAUSANTE DEL ESTANCAMIENTO EN EL DESARROLLO HUMANO DE LA R.D.
Basado en el informe de Desarrollo Humano 2008 del PNUD

Poco más de un siglo y medio hemos vivido como nación legítimamente constituida y reconocida internacionalmente, evidenciando grandes estancamientos en diferentes aspectos humanos y sociales. Nuestra organización socio-política ha presentado diversas fallas, impidiendo nuestro desarrollo como país, restándonos competitividad, y manteniéndonos rezagados con el paso de las décadas. Hemos visto la concretización en realidades algunas predicciones hechas por Marx, Durkheim y Engels, hemos visto aflorar nuevas teorías, pero que de poco nos han servido tanto las nuevas como las viejas para enfrentar los problemas de la nación dominicana.

No cabe la menor duda de que las estructuras de poder no han generado desarrollo humano, lo que nos conduce a considerar que nuestros sistemas político, social y económico no han satisfecho nuestras necesidades, han sido ineficaces, no han llevado a cabo sus cometidos, y han formado parte del elenco de la obra titulada estancamiento. Una de las características claves de nuestro estado, es que cada grupo de poder mueve sus influencias políticas en detrimento de uno u otro interés colectivo, criterio este último que generalmente se impone.

En una sociedad paternalista y con aguda ceguera como la nuestra, donde predomina el clientelismo, el gran desafío de la sociedad dominicana es la equidad; esto a pesar de que el medio para alcanzarla es mediante el derecho, ciencia actualmente radicalizada en una crisis producto de las contradicciones de la sociedad capitalista. El derecho es un instrumento de legitimación de la clase dominante, que en los “Estados sociales y democráticos de derecho” se presencia glaceado de normatividad y del “interés general”, latentemente respondiendo a los intereses más poderosos. La democracia está capturada por prácticas clientelistas que en nada favorecen al desarrollo humano.

Ciertamente la descentralización del poder, como método de redistribución del mismo, constituye una manera de canalizar la participación de la sociedad en asuntos de estado, aportando entre el pueblo, ideas y propuestas para el pueblo. No obstante, la descentralización sin capacidades, sin empoderamiento ni participación social, reproduce clientelismo y el caciquismo, un hecho axiomático e incontrovertible.

El desbalance territorial se manifiesta en la calidad de los servicios sociales, asimismo la desigualdad regional es evidente. No puede haber desarrollo de una nación, impulsando discriminatoriamente las regiones, problema que nos lleva a “reposicionar” la ruralidad en la agenda nacional, desmontando la concepción de lo moderno y civilizatorio es lo “urbano”. Lo rural tiene su peso, y lo urbano por igual, son elementos diferentes que preservan singularidades particulares respectivamente, e influyen en sociedades en vías de desarrollo como la nuestra.

No se puede olvidar el campo, ni provocar el desplazamiento de su importancia por otro sector no tradicional, que es lo que ha intentado hacer de manera descarada el gobierno de turno. Las diferencias interprovinciales de cobertura en educación son mayores que en calidad, a pesar de que es de conocimiento público y general que la educación es la madre del progreso.

Las ciudades crecen en forma desordenada, sin planificación, sin deslindes, en forma segmentada, sin servicios públicos, peligrosas e incómodas. Esto debido a que padecemos de un proyecto o planeación a plazo, o padecemos de intención de ejecución de dicho plan. La nueva Ley de municipios es una oportunidad, abre las puertas a la participación ciudadana, una convergencia entre los distintas partes interesadas en la solución de los problemas del pueblo, un real ejercicio democrático.

Una gran causa de la falta de equidad y transparencia es que el estado dominicano no sabe cuánto gasta en las provincias del país. Una práctica irracional únicamente, explicaría las razones por las cuales las condiciones de vida en las provincias turísticas están por debajo de la media nacional, siendo el turismo nuestra principal fuente de ingresos.

En República Dominicana, el acceso a los servicios depende del poder que se tiene y de la zona en donde se vive, lo que indica desproporcionalidad y desigualdad de oportunidades, en necesidades que el estado debe o facilitar los medios para suplirlas, o facilitar medios a la empresa privada, para que ésta la puedan satisfacer mediante la teoría del libre mercado.

El gasto público es el principal instrumento para crear equidad y acceso a las oportunidades en el territorio nacional, pero ha de ser un gasto público racional, medido por la transparencia, siguiendo un programa de desarrollo a plazo, un programa de nación con las prioridades del pueblo, no las ilusiones personales de nuestros gobernantes.

En la mayoría de los casos, detrás de una decisión del poder político, yace el fantasma de la corrupción. Es por ello que conservamos un estilo de crecimiento económico y de ordenamiento institucional que crea riquezas reproduciendo miseria, no por otra cosa distinta a la corruptela.
No han faltado las propuestas sobre cuáles son las medidas que nos favorecerían y que nos sacarían de este estancamiento, este atolladero social, político y jurídico, tampoco presupuestos, ni la creación de nuevos escalafones en la burocracia local, lo único que ha faltado hasta nuestros días, es la voluntad política, el compromiso con el pueblo y la correcta articulación de la Política.

Articular correctamente la política, consiste no solo en auspiciar el marco de legalidad, sino también en actuar en base a criterios, a una visión de nación, fomentando le respeto a los intereses de la cosa pública, respaldando las buenas iniciativas sociales, fortaleciendo la solidez de la instituciones públicas y del sistema democrático en general.

El inexistente control de nuestro espacio aéreo, marítimo y de tierra, así como la carencia de medios y procedimientos que faciliten los servicios burocráticos, el ineficiente servicio público brindado por el estado, la falta de dominio e incapacidad de autodeterminación del estado, carencia de mecanismos de transparencia gubernamental y garantías judiciales, indican que realmente somos un estado FALLIDO, no al mismo nivel que Haití, pero sí lo somos.

Este informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo impregnan en nuestra mente, que el Desarrollo Humano es una cuestión de poder, que en el caso dominicano, por el momento no reside en el pueblo, tal y como la misma constitución lo establece, sino que reside en las manos de la clase gobernante y los poderes económicos de la nación.

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El Estado se vuelve a imponer.


No creo que esté en discusión la notable desigualdad de condiciones en que se desarrolló la recién pasada campaña electoral, ni la real incapacidad de conceptualizar de ciertos candidatos, tampoco lo acertado de las encuestas, ni el gasto desmedido del partido oficialista en promoción y publicidad, así como también el uso irracional de todas las herramientas e instrumentos a disposición del Ejecutivo.

A muchos le aplicaron su propia medicina, a otros los ignoraron, y a vengano lo pisotearon. Ahora queda la realización de un agudo y profundo análisis que determine los grandes cambios a realizar a lo interno de nuestro sistema democrático, nuestros partidos, la doctrina política, y otras vertientes de la actividad política nacional.

Debemos reglamentar en materia electoral, para evitar los excesos de campaña, debemos permitir el relevo político en las dirigencias de nuestros partidos, debemos recapitular sobre la institucionalización de órganos estatales, igualmente debemos frenar la corrupción, iniciando un frente de crítica objetiva constante, que no sea realizada cada cuatro años con fines proselitistas, sino que el pueblo perciba que tiene su vocero.

Todas estas inconformidades conducen a justificar la abstención del 29% de la población hábil para ejercer el sufragio activo. Si lastimaron severamente a uno de los suyos como lo fué Danilo Medina, era de esperarse como ultrajarían a un enemigo político.

Lo que queda claro es la capacidad política del Dr. Leonel Antonio Fernández Reyna, cualidad que merece toda mi admiración y respeto. Todo el proceso electoral fué friamente calculado por el Ejecutivo, sabían muy bien, que sin Nominillas, sin subsidios excesivos, sin compra de dirigentes opositores, y sin alianzas hasta con el Diablo, no ganarían en primera vuelta, pero estratégicamente lo hicieron, y les salió bien, por eso considero que los méritos políticos le sobran a Leonel Fernández, pero no es que le salió muy bien ni excelente, ya que el trabajo realizado fué para obtener algún 60 y pico porciento, no ganar en primera vuelta rozando con el límite inferior.

Muy aburrido es levantarse sabiendo que no habrá algún cambio, que no habrá novedad, que los muebles del Palacio Nacional permanecerán estáticos durante cuatro años más, preparándome para continuar escuchando el discurso “Progresista” de nuestro Presidente Constitucional, aunque siendo puñaleado por la espalda y sangrando por la herida. No nos queda de otra que esperar cuatro años para contemplar la posibilidad de que se pueda proponer cambio alguno, si nuestro señor Presidente lo permite, no reformando el artículo 49 de nuestra Carta Sustantiva para provecho personal; de lo contrario también hay esperar la bomba que transpasaría al gobierno posterior.

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Dinámica e interesante presentación sobre el caso de las nóminas CB. Por el compañero Tony A. Raful.
CB.pps

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Caso dominicano del Concordato.

El concordato es un convenio reconocido internacionalmente, celebrado entre el Estado (República Dominicana) y la Santa Sede (El Vaticano), ambas instituciones con personalidad jurídica. Posiblemente el contexto histórico del mismo (año 1954) corresponde con las estipulaciones que contiene, ya que en dicho momento histórico las ciencias Jurídicas todavía no estaban tan desarrolladas como en la actualidad, y más aún, era una época muy costumbrista donde predominaba el juicio moral y la religión, época donde el Estado confesional era lo natural.

Este tratado es regular en cuanto a la forma, pero no en cuanto al fondo, es decir, es legítimo y se emplearon los procedimientos y canales correspondientes para su aprobación e incorporación al ordenamiento jurídico, ahora bien, en cuanto al fondo presenta contradicciones con otras normas tanto nacionales como internacionales, normas que no solo se constituyen como tales, sino como preceptos del Estado Soberano y Democrático de Derecho.

Desde el momento de su concepción, este convenio bilateral lacera principios y derechos fundamentales que comprenden la Igualdad y la libertad de religión. Con la firma del concordato, nos constituimos como un Estado confesional, cuya religión oficial es Católica; esto no significa que no se permita practicar con libertad otra religión, pero significa que al Estado (nuestra nación) se le vincula y reconoce directamente como Estado Católico, suprimiendo la individualidad, imponiéndole a aquellos no Católicos dicha religión.

Privilegios es la palabra que identifica este acto jurídico; entre lo que están la subvención de gastos, exención de impuestos, especial protección del Estado, imposición de días festivos, enseñanza del catolicismo en centros públicos, adjudicación de obras públicas y monumentos, entre otros privilegios excesivos más, evidenciado el quebrantamiento del Derecho a la Igualdad frente a otras religiones reconocidas, creando una desigualdad de hecho y de derecho.

La Suprema Corte de Justicia en el ejercicio de sus atribuciones de Control Concentrado de Constitucionalidad, por vía principal declaró como Inconstitucional el 20 de Enero del año 1961 las disposiciones del artículo XVI del Concordato; asimismo en el año 1977 declaró inconstitucional la prohibición del divorcio para aquellos que se hubiesen casado por la Iglesia, distinguiendo los efectos civiles de los canónicos por los matrimonios celebrados por sacerdotes.

En otro sentido, iglesias como las evangélicas y protestantes, han solicitado públicamente rescindir el Concordato, procurando Igualdad entre las distintas manifestaciones religiosas, en consecuencia el 11 de julio del año 2006 apoderaron a la Suprema Corte de Justicia de un recurso de inconstitucionalidad contra el Concordato, recurso el cual todavía está pendiente de fallo.

Como sabemos la Iglesia Católica es un Poder muy influyente en sectores sociales, económicos y políticos, sin duda alguna, es la entidad religiosa que preserva mayor cantidad de bienes y riquezas, y no obstante, muchas de sus iniciativas tienen sentido ambicioso donde se marginan las intenciones caritativas, didácticas y de interés social, por lo que no merece medidas de igualación o acciones positivas que justifiquen el trato diferenciado de que se trata.

Actos de esta naturaleza no caben dentro de un Estado de Libertad, de igualdad y de laicidad. El artículo 12.4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, establece que “los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, mientras que el citado concordato, en su articulo Artículo XXII, numeral 1 establece que “la enseñanza suministrada por el Estado en las escuelas públicas estará orientada por los principios de la doctrina y de la moral católicas”. En el artículo 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, precisa que “los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

En su primer artículo, el concordato establece que “la Religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la de la Nación Dominicana”, siendo una evidente violación a la libertad de conciencia y religión. A pesar de que se toleren otras practicas religiosas, por medio de este acuerdo resulta indirectamente coartado, mediante acciones implícitas y explícitas este derecho fundamental. El asunto de agrava con lo que a parte de constituir una violación a la libertad de religión, también quebranta el principio de igualdad exonerando de impuestos a la Iglesia Católica, e incorporando e imponiendo el cuerpo de capellanes a las fuerzas armadas, de modo que no se den cabida a otras prácticas.

Solo nos resta esperar la decisión del máximo Tribunal dominicano, para así ir desarrollando nuestro ordenamiento jurídico, puliendo nuestro Estado Constitucional de Derecho, y lograr aquel Estado que siempre hemos deseado tener. Los Estados confesionales violan la libertad de religión, directa e indirectamente. Países como España, Uruguay, Chile y México han decidido concretizar la separación Iglesia-Estado, sabiendo que desde el punto de vista jurídico y político, es lo que debe primar.

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La difamación al Poder Público

La Libre expresión y difusión del pensamiento es un derecho fundamental, inalienable e inherente a la persona humana, que se constituye en pilar de la Libertad y del Estado democrático de derecho. En la declaración de Chapultepec[1] se estableció que la “libertad de expresión es el motor y punto de partida de los derechos básicos del ser humano”. Este derecho natural, tan importante y codiciado por las sociedades modernas, y más aún en la era de la comunicación y el conocimiento, ha permanecido con reservas seculares en muchos ordenamientos jurídicos, pero como dice el experimentado Jurista argentino de asuntos periodísticos Gregorio Badeni, “La era de la comunicación social no admite restricciones, ni está supeditada al poder del Estado”. Creemos que el derecho es realtivo y no absoluto, y dada esta condición, la práctica del derecho que tratamos, tiene ciertos límites y reservas de actuación, en otras palabras “los derechos fundamentales tienen límites pero existen límites a los límites de los derechos fundamentales”[2].

Los regímenes del pasado, los sistemas políticos y las coyunturas, mediante acciones arbitrarias empleaban los preceptos de difamación, injuria y calumnia para silenciar voces adversarias, por lo que históricamente queda marcada la relación entre el Poder y/o la función pública, la expresión y difusión del pensamiento, y el pueblo y/o sus medios informativos. Según el connotado abogado mexicano Eugenio Herrera Terrazas esto constituye “la vieja doctrina que mantiene que los gobernados no deben criticar a sus gobernantes”. No obstante, la apertura y posterior afinamiento de regímenes democráticos conlleva a la participación más liberalmente activa de la sociedad en asuntos de Estado, por medio de opinión pública sin censuras.

En la actualidad, hemos visto olas de sometimiento a periodistas por alegada difamación[3] a funcionarios del estado dominicano, lo que por suerte generalmente se resuelve con la práctica del derecho a la rectificación[4], o simplemente con un encuentro amigable, que retorna las aguas a su debido cauce. Aunque en el fondo el sometimiento sea legítimo y basado en causas razonables, la comunidad nacional e internacional lo percibe como arbitrariedad, concluyendo en que la implementación del Estado democrático de derecho, ha tenido graves fallas durante el proceso, ya que es una panorámica Poder Público Vs. La Ciudadanía, esta última generalmente representada por el periodismo.

De este tema emergen dos conceptos claves, el honor y la reputación, ambos desde épocas antiguas constituyen uno de los más preciados dones de la persona humana, que según la Suprema Corte de Justicia del Perú, “el derecho al honor no sólo es un derecho fundamental, sino que está configurado como límite especial a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento”[5]. Vale conocer la definición de éstos términos; honor “es la cualidad moral que nos lleva al más severo cumplimiento de nuestros deberes respecto del prójimo y nosotros mismos”[6]; la reputación es el “Prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo”[7]. Hasta qué punto el ipso facto de asumir y ocupar una posición pública, cohíbe al funcionario de ejercer el pleno y sagrado derecho a que se le respete su honor, reputación y dignidad, que se comprueben aseveraciones difamatorias en la Justicia en el marco de un debido proceso, y que culminen con una decisión Judicial correcta; pues sería renunciar a derechos fundamentales e inalienables, algo jurídicamente impracticable, y constitucionalmente inadmisible, lo sí procede es limitar y restringir en base a leyes.

Los derechos engendran deberes; existe una correlación entre derecho y deber, prerrogativas y obligaciones; la existencia del uno depende del reconocimiento del otro[8]. Por ello es notorio apreciar que en cada declaración, convenio, pacto o tratado, que si bien se goza del derecho a la libertad de expresión, se hace corresponder dicho derecho con la obligación de respetar la honra y la reputación de los demás, por eso se encuentran estatuidos en enunciados tales como:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar”[9].
“…toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los demás…”[10].
El derecho a la libertad de pensamiento y expresión no debe estar sujeto a censura previa, pero sí a responsabilidades ulteriores “las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás…”[11].
“Nadie será objeto de ataques ilegales a su honra y reputación”[12].

1. El trato diferenciado a los Funcionarios Públicos

Indiscutiblemente el funcionario público tiene el mismo derecho que una persona privada a no ser difamado, lo único que con un trato diferenciado, y esta distinción se hace en razón de su envestidura y del mismo derecho internacional. El funcionario primero es ser humano, luego es ciudadano y finalmente funcionario, por lo que tiene el derecho inherente a que le sea respetada su persona, “una debida protección legal de su reputación y buen nombre personal, así como a la defensa normativa de los valores, honra y sosiego familiares”[13]; no obstante, por tener aptitud de ente relacionado a asuntos de interés público -que hace referencia a una de las razones del trato diferenciado- es más susceptible y vulnerable a críticas, cuestionamientos, opiniones, etc., es decir, a ingresar al debate vigoroso del modus operando del Estado y de su persona.

Producto de esta realidad, según el destacado Constitucionalista Peruano Francisco Eguiguren Praeli: “La desprotección judicial frente a los excesos de cierto estilo de prensa incide en que muchas personas honestas y decentes prefieren no intervenir en política ni en la función pública”.

Fuentes supranacionales de derecho han dictaminado al respecto, tal y como la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, la cual establece en su Principio número 10 que “La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público”. Igualmente el Principio 11 establece que: “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como "leyes de desacato" atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”. Mientras que la declaración de Chapultepec va más lejos y precisa en su artículo 10 que “Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público.

Vista la normativa internacional precedentemente expuesta, se puede afirmar que “el reconocimiento del hecho de que los funcionarios públicos están sujetos a un menor y no un mayor grado de protección frente a las críticas y al escrutinio público, significa que la distinción entre las personas públicas y privadas debe efectuarse también en las leyes ordinarias sobre difamación, injurias y calumnias”[14]. He aquí donde inicia la contradicción, una contradicción de fondo entre la fuente normativa internacional del bloque de constitucionalidad, y la normativa jurídica local. A pesar de esto es bueno reiterar la “constitucionalidad de los derechos naturales, y más aún, su carácter supranacional”[15].

El punto discordante o génesis del conflicto, está en los siguientes puntos: en primer lugar, que los funcionarios públicos de mayor rango, a saber, el Jefe del estado, Diputados o Representantes al Congreso, los Secretarios de Estado, los Magistrados de la Suprema Corte, o de los tribunales de primera instancia, los Jefes y Soberanos de las naciones amigas, están Jurídicamente protegidos y gozan de prerrogativas tanto en el Código Penal Dominicano[16], como en la Ley 6132 de Expresión y difusión del Pensamiento[17]; y segundo, que se establecen sanciones de cárcel y multa por susodicho delito contra el honor personal, el cual es un bien o “contenido constitucionalmente protegido”[18] por el ordenamiento jurídico. En este sentido el doctor Gregorio Badeni considera que el privilegio de la figura penal del desacato, “está vigente en algunas legislaciones americanas como resabio secular de culturas autoritarias”[19].

Originada este tipo de situación, en la que entran en juego los derechos fundamentales, los Tribunales de la República, tal y como así lo dispone la Suprema Corte de Justicia: “están obligados a aplicar las disposiciones contenidas en el bloque de constitucionalidad como fuente primaria de sus decisiones”[20]; de igual modo cabe destacar que “reconocido el bloque de constitucionalidad en nuestro ordenamiento jurídico, se impone su aplicación, armonizando los significados de la ley adjetiva que no le fueren contradictorios, con los principios, normas y valores que lo integran”[21]. La misma normativa nacional, en la Constitución de la República y el Código Penal Dominicano, también hacen alusión a la primacía en la aplicación del derecho internacional[22].

Esta desigualdad entre quienes ostentan el poder público y las personas privadas, constituye “un trato desigual constitucionalmente admisible”[23]. Susodicha desigualdad de trato, fundamentada en razones objetivas y razonables, se puede verificar haciendo práctica del test de igualdad, iniciando con la finalidad Constitucionalmente admisible, que es el derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento, un fin constitucionalmente tutelado; la congruencia existente entre la libertad de expresión que mantiene una conexión efectiva con el límite impuesto y las susceptibilidades desproporcionales, ósea, el uso del poder legitimado del Poder Público que estarían en función de emplearlo como medio de reprimir los exponentes que viertan críticas, generando una autocensura y coartando la libertad de expresión. La proporcionalidad, la idoneidad y la necesidad, a pesar de que las dos últimas no son absolutas, resultan evidentes puntos a favor del análisis jurídico de que se trata. Este test de igualdad, ha sido aprobado satisfactoriamente en el presente caso, en países latinoamericanos como México y El Salvador.

Los medios de prensa son los principales agraviados en asuntos de expresión de opiniones, de crítica a políticas públicas, a los gobiernos que son quienes ostentan el poder Público y pueden usarlo a título de represión en detrimento de los comunicadores, esto debido a que son generalmente quienes llevan la voz cantante de las denuncias sociales, y el descontento popular, lo que es directamente proporcional a su responsabilidad social contraída por el desempeño de sus funciones de comunicación masiva. Por ello es que la declaración de Chapultepec, en su artículo diez, precisa que “Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”.

2. La tendencia hacia libertad absoluta

La tendencia actual es clara, y consiste en divorciar eternamente la invocación de la de la difamación al Poder Público como concepción delictiva, amparado en la teoría de que “La libertad es una y pertenece a los seres humanos, no al poder” (Declaración de Chapultepec). También resiste al apoyo de Carl Schmitt, quien plantea que “Todos los derechos fundamentales auténticos son derechos fundamentales absolutos”[24].

Organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), Reporteros sin Fronteras de París, el Comité de Protección a Periodistas de Nueva York, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) propugnan por la despenalización de la calumnia y la difamación, en razón de que las “leyes de desacato” coartan la libertad de expresión, de manera que la ciudadanía se ve impedida y con temor a la hora de externar opiniones sobre temas de interés público, o emitir alguna crítica sobre gestiones de gobierno, esto debido a la naturaleza Penal del delito, en consecuencia la actuación ciudadana se restringe por temor a la sanción Penal. El problema que perciben las organizaciones internacionales con las Leyes actuales de difamación, radica en que si bien pueden tener un propósito legítimo, representan restricciones innecesarias e injustificadas a la libertad de expresión.

En nuestro país, existe una evidente contradicción en cuanto a las tendencias internacionales y la realidad normativa nacional (como vimos en el tópico anterior), ya que si bien es cierto que nuestro marco legal encierra ciertos privilegios y protección a funcionarios de alto nivel, la tendencia y lineamiento Internacional es otro, basado en la extinción de todo lo referente al libelo, la calumnia, la difamación, el insulto o injuria y el desacato, de los ordenamientos jurídicos, en aras de fortalecer el estado constitucional y democrático de derecho. Nuestras normas sobre la materia según los antecedentes e interpretación de la declaración de principios “restringen indirectamente la libertad de expresión porque traen consigo la amenaza de cárcel o multas para quienes insultan u ofenden a un funcionario público”[25].

3. Los precedentes Judiciales en la materia.

Existen precedentes que han sentado las bases y el cimiento para despenalizar estos delitos contra el honor. La Jurisprudencia más destacada comprende el caso del NEW YORK TIMES CO. Vs. SULLIVAN, en el cual el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró que no era suficiente con probar la veracidad de la información, sino que debía demostrar igualmente que la información fue difundida con malicia, y falló estableciendo que las leyes del libelo no se pueden invocar “para imponer sanciones por la expresión crítica de la conducta oficial de funcionarios públicos".

Miami Herald Publishing Co. v. Tornillo, decision emanada igualmente del máximo Tribunal de los Estados Unidos, en el cual un líder político manifiesta y procede judicialmente ante una publicación crítica a su candidatura, procurando el derecho a rectificación en la misma proporción que las declaraciones emitidas por el periodismo, en la cual la Corte declara inconstitucional la ley estatal al confirmar el principio de que el gobierno no debe intervenir en las opiniones periodísticas al decidir el contenido de las mismas en especial en asuntos de interés público como los temas electorales.

En República Dominicana, el caso que más precedente ha sentado en la materia lo es la demanda por difamación e injuria interpuesta Hernani Salazar (en ese entonces senador de la República) contra el Dr. Marino Vinicio Castillo (abogado, comunicador social y funcionario de bajo nivel). El objeto de éste caso fueron las afirmaciones intencionalmente maliciosas vertidas por el Dr. Castillo en reiteradas ocasiones y en distintos medios de comunicación, vinculando personalmente al senador Salazar con un individuo estrechamente ligado a la distribución de narcóticos (quien se encontraba en proceso judicial y había sido extraditado).

La veracidad de estas declaraciones no pudieron ser probadas, y el imputado fue condenado al pago de una indemnización de un millón de pesos, haciendo así el Tribunal uso del principio número 10 de La Declaración de Principios de Libertad de Expresión, que establece que “la protección de la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público….”.

4. Lo equilibrado y pertinente.

Resulta desproporcionado el derecho de los funcionarios públicos ante quienes haciendo uso abusivo de la libertad de prensa, de expresión y difusión de pensamiento, emiten irresponsablemente las mismas, por el simple hecho de ampararse bajo la tela del Estado Democrático. El asumir un cargo del estado o una responsabilidad pública, automáticamente se queda expuesto a las “críticas” y al “debate vigoroso” sobre el operar del gobierno. Tribunales internacionales de derechos humanos, han favorecido que los funcionarios deban tolerar más frente a este tipo de acusaciones, ya que el derecho a la información y la libertad de expresión, son “única y mejor vía para que haya un constante escrutinio de parte de la población de la conducta de aquéllos a quienes les ha delegado su representación”.

Es lógico y razonable lo expuesto por organismos internacionales, por lo que realmente sería efectivo para las sociedades democráticas despenalizar y suprimir el sentido penalista de la violación al honor y reputación en disputas entre Funcionarios Públicos y ciudadanos, para que se proceda a resarcir civilmente en éstos casos a los agraviados.

De esta manera se garantiza el Estado Constitucional de Derecho y la Democracia, consecuentemente el buen y correcto funcionamiento del estado de manera y responsable y transparente.


Notas:

Suprema Corte de Justicia: “Código Penal de la República Dominicana”; Colección Códigos de la República”; Santo Domingo de Guzmán, Editora Corripio, 2007.



Suprema Corte de Justicia: “Código Procesal Penal de la República Dominicana”; Colección Códigos de la República”; Santo Domingo de Guzmán, Editora Corripio, 2007.


Eduardo Jorge Prats: “El sistema de los derechos fundamentales”; “El derecho a la igualdad”; Derecho Constitucional Volumen II; Santo Domingo de Guzmán, Gaceta Judicial, 2005.


Namphi Rodríguez: “Difamación e injuria”; El Caribe –Opiniones-; 5 de Noviembre del 2005.


Organización de Estados Americanos, Relatoría para la Libertad de Expresión: “Antecedentes e interpretación de la declaración de principios”; “Convención Americana sobre Derechos Humanos”; “Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión”; http://www.cidh.org/Relatoria (27.01.08)


CHPULTEPEC, Proyecto: “Banco de datos de Jurisprudencia”; “Contribuciones a los diez principios”; “Declaración de Chapultepec”; “Leyes de prensa en las Américas”. http://www.declaraciondechapultepec.org/ (27.01.08)


Ejournal USA: “Decisiones Trascendentales”; http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/0405/ijds/decisions.htm (27.01.08)


Francisco Eguiguren: “Opinar, criticar, ofender y difamar”; Perú 21 –Política-; http://www.peru21.com/comunidad/columnistas/Html/2007-04-12/Eguiguren0706267.html (27.01.08)


BORGARRELLO, Susana E: “El derecho a la respuesta como formador de Opinión Pública”; http://www.astrolabio.unc.edu.ar/articulos/rrii/articulos/borgarello.php (31.01.08).


Reynaldo Bracamontes: “Despenalizar la Calumnia y la difamación: abogados”; http://www.noticias-oax.com.mx/articulos.php?id_sec=1&id_art=56967 (27.01.08)


Insaín Mandujando: “Delitos contra el honor”; http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=3421 (27.01.08)


Article 19, Campaña global para la libre expresión: “El ABC de la difamación”; http://www.article19.org/pdfs/tools/defamation-abc-spanish.pdf (27.01.08)


Análisis jurídico de la ley 6132 del 15 de diciembre del año 1962 sobre expresión y difusión del pensamiento, en sus artículos del 29 al 45 con relación a la difamación e injuria / Jairo Victor Vásquez Moreta (Santo Domingo : PUCMM-RSTA).


La difamación e injuria / Eddy R. Abreu H. (Santiago de los Caballeros : PUCMM, 1984).
Informe Judicial: “Ley de Libertad de Expresión y difusión del pensamiento, No. 6132”; http://www.informejudicial.com/leyes/ (27.01.08).


Citas:

[1] Adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión celebrada en México, D.F., el 11 de marzo de 1994.
[2] Eduardo Jorge Prats; Derecho Constitucional Vol II; Gaceta Judicial 2005 (55).
[3] “Constituye difamación toda alegación o imputación de un hecho que encierre ataque al honor o la consideración de la persona o del organismo al cual se impute el hecho”. Código Penal Art. 367 y Art. 29 de la Ley 6132.
[4] Convención Interamericana de los Derechos Humanos, artículo 14.1
[5] Acuerdo plenario No. 3-2006/CJ-116 de la Suprema Corte de Justicia de la República del Perú.
[6] Real Academia Española de la Lengua.
[7] Real Academia Española de la Lengua.
[8] Mag. Rafael Ciprián Lora
[9] La Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su Artículo V.
[10] La Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece en su artículo 29, numeral 2.
[11] En la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, artículo 13, numeral segundo
[12] En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, su artículo 17 numeral primero.
[13] Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Rep. Dominicana, No. 91-2005.
[14] José Meixueiro Orozco.
[15] Eduardo Jorge Prats; Derecho Constitucional II; Gaceta Judicial, 2005 (15).
[16] Código Penal Dominicano, artículos 367 y siguientes.
[17] Ley No. 6132, de Expresión y difusión del Pensamiento, en los artículos 31 y 32.
[18] Eduardo Jorge Prats; Derecho Constitucional Vol II; Gaceta Judicial 2005 (40).
[19] Gregorio Badeni; Argentino, prestigioso abogado constitucionalista, académico y asesor de los editores periodísticos.
[20] Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana No. 1920-2003.
[21] Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana No. 1920-2003.
[22] Constitución Dominicana en el Art. 3, y Código Penal Dominicano en el Art. 1.
[23] Eduardo Jorge Prats; Derecho Constitucional Vol II; Gaceta Judicial 2005 (151).
[24] Eduardo Jorge Prats; Derecho Constitucional Vol II; Gaceta Judicial 2005 (23).
[25] Declaración de Principios de la Libertad de Expresión – Organización de Estados Americanos -

 

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