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Caso dominicano del Concordato.

El concordato es un convenio reconocido internacionalmente, celebrado entre el Estado (República Dominicana) y la Santa Sede (El Vaticano), ambas instituciones con personalidad jurídica. Posiblemente el contexto histórico del mismo (año 1954) corresponde con las estipulaciones que contiene, ya que en dicho momento histórico las ciencias Jurídicas todavía no estaban tan desarrolladas como en la actualidad, y más aún, era una época muy costumbrista donde predominaba el juicio moral y la religión, época donde el Estado confesional era lo natural.

Este tratado es regular en cuanto a la forma, pero no en cuanto al fondo, es decir, es legítimo y se emplearon los procedimientos y canales correspondientes para su aprobación e incorporación al ordenamiento jurídico, ahora bien, en cuanto al fondo presenta contradicciones con otras normas tanto nacionales como internacionales, normas que no solo se constituyen como tales, sino como preceptos del Estado Soberano y Democrático de Derecho.

Desde el momento de su concepción, este convenio bilateral lacera principios y derechos fundamentales que comprenden la Igualdad y la libertad de religión. Con la firma del concordato, nos constituimos como un Estado confesional, cuya religión oficial es Católica; esto no significa que no se permita practicar con libertad otra religión, pero significa que al Estado (nuestra nación) se le vincula y reconoce directamente como Estado Católico, suprimiendo la individualidad, imponiéndole a aquellos no Católicos dicha religión.

Privilegios es la palabra que identifica este acto jurídico; entre lo que están la subvención de gastos, exención de impuestos, especial protección del Estado, imposición de días festivos, enseñanza del catolicismo en centros públicos, adjudicación de obras públicas y monumentos, entre otros privilegios excesivos más, evidenciado el quebrantamiento del Derecho a la Igualdad frente a otras religiones reconocidas, creando una desigualdad de hecho y de derecho.

La Suprema Corte de Justicia en el ejercicio de sus atribuciones de Control Concentrado de Constitucionalidad, por vía principal declaró como Inconstitucional el 20 de Enero del año 1961 las disposiciones del artículo XVI del Concordato; asimismo en el año 1977 declaró inconstitucional la prohibición del divorcio para aquellos que se hubiesen casado por la Iglesia, distinguiendo los efectos civiles de los canónicos por los matrimonios celebrados por sacerdotes.

En otro sentido, iglesias como las evangélicas y protestantes, han solicitado públicamente rescindir el Concordato, procurando Igualdad entre las distintas manifestaciones religiosas, en consecuencia el 11 de julio del año 2006 apoderaron a la Suprema Corte de Justicia de un recurso de inconstitucionalidad contra el Concordato, recurso el cual todavía está pendiente de fallo.

Como sabemos la Iglesia Católica es un Poder muy influyente en sectores sociales, económicos y políticos, sin duda alguna, es la entidad religiosa que preserva mayor cantidad de bienes y riquezas, y no obstante, muchas de sus iniciativas tienen sentido ambicioso donde se marginan las intenciones caritativas, didácticas y de interés social, por lo que no merece medidas de igualación o acciones positivas que justifiquen el trato diferenciado de que se trata.

Actos de esta naturaleza no caben dentro de un Estado de Libertad, de igualdad y de laicidad. El artículo 12.4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, establece que “los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, mientras que el citado concordato, en su articulo Artículo XXII, numeral 1 establece que “la enseñanza suministrada por el Estado en las escuelas públicas estará orientada por los principios de la doctrina y de la moral católicas”. En el artículo 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, precisa que “los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

En su primer artículo, el concordato establece que “la Religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la de la Nación Dominicana”, siendo una evidente violación a la libertad de conciencia y religión. A pesar de que se toleren otras practicas religiosas, por medio de este acuerdo resulta indirectamente coartado, mediante acciones implícitas y explícitas este derecho fundamental. El asunto de agrava con lo que a parte de constituir una violación a la libertad de religión, también quebranta el principio de igualdad exonerando de impuestos a la Iglesia Católica, e incorporando e imponiendo el cuerpo de capellanes a las fuerzas armadas, de modo que no se den cabida a otras prácticas.

Solo nos resta esperar la decisión del máximo Tribunal dominicano, para así ir desarrollando nuestro ordenamiento jurídico, puliendo nuestro Estado Constitucional de Derecho, y lograr aquel Estado que siempre hemos deseado tener. Los Estados confesionales violan la libertad de religión, directa e indirectamente. Países como España, Uruguay, Chile y México han decidido concretizar la separación Iglesia-Estado, sabiendo que desde el punto de vista jurídico y político, es lo que debe primar.

 

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