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Se llama sentido común.

Cuando la deficiencia se hace pasar por eficiencia; cuando la burocratización de los procesos se quiere presentar como organización institucional funcional; cuando el estudiante es oído pero no escuchado; cuando las trabas administrativas constituyen gran satisfacción para las autoridades; cuando las necesidades internas quedan soslayadas por el protagonismo social; cuando el lobbysmo vestido de mediación se convierte en consenso; cuando concurren todos estos puntos, hacemos referencia a la PUCMM.

Un común denominador que tenemos los estudiantes, los grupos de estudios, clubes y comités de nuestra alma mater, son la gran cantidad de obstáculos que impone la administración a la hora de presentar la más simple petición, trabas que desafortunadamente vencen a los proyectos y a las buenas intenciones, hasta al optimismo inclusive, cayendo en un estado de incertidumbre constante, quedando truncadas ante los sillones de piel de aquellos legitimantes del sistema imperante.

Aquí no tienen valor las buenas intenciones, sino el “resguardo” de la imagen institucional y la permanencia del “orden” interno en la universidad. Esto limita de sobremanera la participación e interacción continua que debe tener una “Comunidad Educativa”, algo que evidentemente no se pretende construir. Si no se racionalizan los procesos y se habilita la opción del “sentido común”, pueden hacer cuantas evaluaciones institucionales quieran, pero la universidad seguirá siendo deficiente, centralizada, autoritaria, disfuncional, irracional, y permanecerá fuera de las mejores 500 universidades del mundo, y de las 100 mejores de Latinoamérica.

El interés colectivo del estudiantado está supeditado a la más mínima aprobación de las autoridades académicas y administrativas, en cuestiones tan elementales que pueden ser resueltas mediante Sentido Común. Estas problemáticas son públicas, conocidas por todos, pero al igual que el sector político predominante en el escenario local, no hay intención solucionar los problemas ¿o a caso es que esta misma clase política es la que gobierna la universidad?

Ernesto Guzmán Alberto.

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Los actos políticos o de gobierno.

En países como Francia en tiempo pasado, principalmente durante gran parte del siglo XIX, la terminología de acto político o de gobierno (introducida por el Consejo de Estado Francés) se circunscribía a una indeterminada y amplia esfera de actuación sin control alguno de contrapeso. Esta situación era característica en estados donde se constataba gran accionar político radicalizado en autocracia y arbitrariedades. Otro caso por mencionar es España, donde esta terminología permaneció hasta parte del siglo XX.

La esencia que otorgaba legitimidad a dicho accionar de gobierno, estaba basada en la teoría del móvil político, según la cual: “fuese cual fuese el objeto material del acto, siempre que los gobernantes lo dictasen en función de un fin político, el acto dejaba de ser administrativo y se convertía en político, haciéndose con ello exento del control contencioso-administrativo”. En razón de esta teoría hubo gran actividad jurisprudencial, lo que incidió en la vigencia de la teoría del móvil político por muchos años, como un “límite a la extensión objetiva de la jurisdicción contencioso-administrativa”.

Al iniciarse la construcción de los Estados de Derecho en el S. XX y su consolidación en el XXI, se empieza a romper el esquema tradicional de exención del control judicial alguno de los actos de gobierno, y a desaparecer la teoría del móvil político y los actos políticos. Todo esto bajo el pretexto de que los principios básicos del Estado de Derecho no admite, ni permiten la coexistencia de estas teorías, y que “la administración como tal es universalmente justiciable”.

De ahí el auge y amplitud del recurso de anulación en instancias jurisdiccionales. En la actualidad no se estipula una definición “general y teórica” de acto de gobierno, sino que se desglosan en la jurisprudencia, y se prevén algunos pocos actos correspondientes a “una lista concreta de materias” considerados como tales, entre ellos: organización y mando militar, relaciones internacionales, cuestiones de gracia y amnistías, y unas cuantas más.

La tendencia de los estados es regular y controlar los actos de gobierno, siempre de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos; lo que quiere decir que ya no se admite que “la naturaleza o el objeto político de una decisión la haga escapar del control contencioso”. También hay que destacar que se tiende a reducir el indeterminado libre arbitrio de los poderes, enarbolando la regla de pesos y contrapesos.

Marco conceptual y esquemático:

Acto de gobierno:

§ Casos taxativamente determinados: en la jurisprudencia (lista de actos de gobierno):
o Relaciones gobierno-parlamento.
o Tratados y acuerdos internacionales.
o Defensa del territorio nacional.
o Mando y organización militar.
o Relaciones interconstitucionales del Ejecutivo con los demás poderes.
o Cuestiones de gracia y amnistía.

§ Características:
o No pueden ser objeto de una definición general.
o Carácter político de las decisiones.
o Cuestiones en las cuales el derecho particular de los ciudadanos está subordinado al interés superior del estado.
o Facultades discrecionales.
o Exento de control jurisdiccional.

Teoría del móvil político:

Independientemente del objeto material del acto, siempre que el acto sea dictado por el gobernante con un fin político, es un acto político exento del control contencioso administrativo.

Tendencia:

§ Ya no se admite que la naturaleza o el objetivo político de una decisión la haga escapar del control contencioso.
o El fin político es motivo de anulación por desviación de poder o error de derecho.
o Política jurisprudencial de amplitud del recurso de anulación y de la acción contenciosa.

 

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