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Proyecto de Ley de Delitos Mediáticos. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha estado impulsando un proyecto de Ley de Delitos Mediáticos, que tiene como finalidad prevenir la difusión por los medios de comunicación, de informaciones que carezcan de veracidad, oportunidad e imparcialidad. Esta propuesta oficial tiene su origen en la situación de constante confrontación entre los sectores empresariales y el gobierno de Venezuela, donde la clase burguesa que ostenta los capitales, emplea sus medios para desestabilizar el orden público y la paz social; esto con la finalidad de lograr el fracaso del Presidente Chávez y su gestión.

En nuestro país ocurre lo inverso, los medios de comunicación se han convertido en los principales aliados al gobierno, o no sabría si decir del Presidente Fernández, porque al Presidente Mejía le sucedió algo similar, pero a menor escala de lo que a Chávez hoy le acontece. Es un secreto a voces que muchos comunicadores dominicanos cobran por sus ‘benignas opiniones’ al gobierno, o por el servicio de ‘atenuación del descontento popular’. Los beneficios para la clase periodística dominicana son diversos, que van desde almuerzos y fiestas en palacio, hasta invitaciones a los viajes oficiales del Presidente.

La Ley presentada por la Fiscal General de Venezuela ante la Asamblea Nacional, establece de dos a cuatro años de cárcel como penas por la comisión de estos delitos, entre los que están la divulgación de noticias falsas, manipulación de noticias, coacción mediática, instigación y otros. Sin embargo, en esta materia, al igual que en casos de difamación e injuria, estamos convencidos de que la privación de libertad no debería primar como sanción a aplicar, sino las sanciones de orden pecuniario y administrativo.

El proyecto de Ley no es una censura a la libertad de expresión, sino una regulación a un derecho fundamental, que si bien es pilar de democracia, puede desestabilizarla hasta derrumbarla. Desde hace décadas la comunicación masiva y sus medios han venido consolidándose, en la actualidad constituyen una poderosa herramienta en manos de sectores muchas veces ajenos a la idea del bien común, o bienestar de la colectividad. Es por lo tanto una necesidad ‘lograr el equilibrio y la armonía entre los derechos a la libertad de expresión y a la información oportuna, veraz e imparcial’, tal y como literalmente plantea el proyecto de ley.

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Luchar contra los vicios de la Eduación Nacional.- El discurso político no prescinde de acentuar la educación como una de las áreas más esenciales para el progreso de los pueblos, sin embargo, conjugar el discurso con las acciones es una tarea tradicionalmente difícil. La educación no es sólo impregnar conocimientos en las personas, sino formarlas integralmente en distintos renglones, con capacidades que permitan enfrentarse a las vicisitudes sociales de manera atinada y eficaz, no sólo en base a conocimientos teóricos y prácticos, más bien incluyendo valores y el sentido humano.

Desde su origen, han sido públicas y regulares las denuncias de fraudes en las pruebas nacionales, así como diversos mecanismos de trampa en las mismas, a pesar de que constituyen el mecanismo por excelencia del sistema dominicano de educación, mediante el cual se intenta medir el dominio de los estudiantes de temas generales y elementales de cuatro materias básicas. Puede que las mismas requieran una reorientación o una reformulación, pero en cuanto a su necesidad, esta resulta obvia e incontrovertible.

Si los resultados no están viciados, como generalmente lo están, sirve tanto para medir el cumplimiento del programa académico por parte de los maestros, así como también si los estudiantes han asimilado estos conocimientos. Este año, el Secretario de Estado de Educación ha decidido luchar contra estos vicios que carcomen los cimientos estructurales de nuestra sociedad, como lo es la educación, hecho que debemos aplaudir y elogiar como un verdadero progreso.

Lamentablemente y como siempre, se intentan disuadir acciones de este tipo, y así lo están tratando de hacer una serie de organizaciones e individuos, para quienes un 'chivo' en unas pruebas nacionales, no es más que 'una cosa de muchachos', siendo más condenable aún el hecho de que tengan todas y cada una de las respuestas de las pruebas en sus equipos celulares.

Sin luchar desde las entrañas de la sociedad por los valores, el civismo y la educación, nunca apreciaremos cambios en los estamentos de poder; pues no se estaría luchando contra el cáncer, sino contra sus efectos. No podremos exigirles a estos 'muchachos' transparencia y honestidad, cuando estamos dando aquiescencia a sus actos deshonrosos desde temprana edad. Si no lo hacemos así, la lucha contra la corrupción continuará siendo en vano, y desde luego errática.

 

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