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Esta democracia y estas elecciones tienen problemas.

Resaltan grandes secuelas de ilegitimidad en este proceso electoral. Solamente un fanático políticamente parcializado podría decir lo contrario. Dice el estadounidense Adam Blackwell, Jefe de la Misión de Observadores de la OEA para estas elecciones, que no hay democracia perfecta y que hay denuncias en el proceso electoral de cualquier país.[1]

No haría correcto uso de la razón al discutir tal aseveración, pues en verdad todo sistema es perfectible y las denuncias formarían parte de la hermenéutica electoral en una democracia. Esto se complica atendiendo a la gravedad de las denuncias, así como la incidencia de esas alegadas faltas en el proceso de elecciones, y ni hablar de las repercusiones en el sistema.

Aún me resuena lo dicho por el Mag. Roberto Rosario de que la JCE no ha actuado “porque el organismo no ha recibido una queja formal de ningún partido”[2]. Eso no es más que bofeteada a la sociedad dominicana. Si parte interesada como los Partidos Políticos no canalizan las quejas, el aparto Estatal debe automáticamente activarse.

Así como el Ministerio Público de oficio realiza sometimientos, por igual debe hacerlo un órgano del sistema “de oficio”. No creo que la inexistencia de la figura del “Fiscal Electoral” sea excusa válida, pues la Fiscalía actualmente no tendría impedimentos para realizar esta labor en conjunto con la Policía Electoral, contrarestando la desregularización y descontrol existente.

En la entrevista realiza al Mag. Julio César Castaños Guzmán, realizada en la más reciente edición del boletín Communis Opinio[3], señaló que “En Venezuela, durante el proceso, pude observar que el día de las elecciones hay un trabajo conjunto en el que están envueltos: una Secretaria de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia, y la Procuraduría General de la República. Esa Procuraduría General de la República y los Fiscales están presentes el día de las elecciones haciendo un trabajo, donde esperan ser apoderados por la denuncia de los(as) interesados (as), cuando surjan delitos electorales, como son: compra de votos, compra de documentos…etc.”.

Y de ese modo tenemos la desfachatez de plantear que en Venezuela hay una “dictadura”, cuando en los últimos tres comicios electorales de ese país no se ha desacatado la decisión de su órgano electoral, ni les ha restado legitimidad al proceso. Esto resulta demasiado paradójico. Lo que me imagino es que con la falta de independencia e imparcialidad de las que sí goza el Ministerio Público en Venezuela, aquí no darían curso a las denuncias; instrumentarán mal los casos o desistirán de las persecuciones contra el partido oficial; aquel al cual pertenece el Jefe del Ministerio Público desde el año 1979.

Los pronunciamientos de Jueces de la JCE no han cesado, sigue el Mag. Rosario e indica que “no es posible hacer fraude”[4]. Particularmente yo no veo gran diferencia en viciar el proceso, alterarlo para el beneficio de un partido o candidato en cualquiera de sus formas, ya sea al comprar cédulas o al manipular la psiquis de la gente con una campaña mediática, ni con los engaños que todos conocemos; me imagino que se refiere el Magistrado a que ya no es posible hacer fraudes desde el organismo coordinador de las elecciones, que es otra cosa y muy diferente.

En el supraindicado boletín, también se destacan algunas cuestionantes planteadas por la Dra. Flavia Freidenberg, especialista en Ciencia Política radicada en España. Dice la Politóloga que “es cierto que hay tareas por hacer con respecto a cómo se hacen esas elecciones”, a lo que interroga y responde concienzudamente de la siguiente manera: “a) ¿Todos los candidatos tienen las mismas condiciones socioeconómicas, o las mismas oportunidades socioeconómicas para defender su candidatura en una campaña electoral? En caso de que la respuesta sea negativa, entonces esa democracia y esas elecciones tienen problemas, pero, en caso de que la respuesta sea afirmativa, entonces cotejamos, hacemos una lista y decimos esto lo cumplimos.” La primera aseveración la evidenciamos con la impactante cantidad de vallas, afiches, spots en radio y televisión, así como la presencia masiva de “bocinas” en los distintos medios de comunicación, y ni hablar de persecuciones ni intimidación a los adversarios del partido oficial.

Sigue la experta internacional preguntando: “b) ¿Las instituciones electorales, la Junta Central Electoral, o el Tribunal Supremo de Elecciones (como se llame en cada país) son independientes del poder político? En caso de que la respuesta a esta pregunta sea negativa, entonces tendríamos que preocuparnos, porque entonces esta democracia tendría condicionantes, y, en caso de que la respuesta sea afirmativa, entonces en nuestra lista cotejamos, es decir, decimos que esto también lo cumplimos.” Creo que como seres humanos cada uno tenemos simpatías, es natural, y no dudaría de la objetividad ni la seriedad de varios Jueces de la JCE, pero son indiscutibles sus relaciones con los partidos políticos, se podría hacer una lista con el partido apadrinado de cada miembro; también estaría de más decir que estos miembros fueron propuestos por el partido oficial y refrendados por un senado del mismo partido.

Y finalmente os pregunta la doctora de Salamanca: “c) ¿El acceso de comunicación a los candidatos está regulado y es equitativo para todos, o hay unos que tienen más dinero y, por ende, más posibilidades de comprar más espacios en los medios de comunicación? Si se da el primer caso y todos tienen la misma oportunidad de acceso, entonces decimos: ¡fantástico, eso es bueno para la democracia!, pero si se da el segundo, entonces estos candidatos tendrían más posibilidades de exponerse ante la opinión pública, lo cual entonces nos debería preocupar, ya que las elecciones serían inequitativas.” Y añadiría yo que son inequitativas desde lo más básico, ósea los montos que hay que invertir para lograr competir, sin contar las cuotas que se deben pagar para ser inscrito como candidato a lo interno de cada partido. La inequidad en los medios de comunicación fue más notoria esta última semana de campaña, especialmente el viernes 14 de mayo con la impresionante cadena de radio y televisión del partido oficialista. Solamente en la segunda capital dominicana, indica una fuente, se llegó “a la barbaridad de contratar los cinco canales que hay en Santiago y el 98 por ciento de las emisoras, para su campaña política.”[5]

Diría que el éxito administrativo de estas elecciones es predecible; asimismo avanzamos con los grandes pasos que se han dado en materia contenciosa con la recién ocurrida urdimbre de impugnaciones y amparos electorales. Si desde el extranjero observamos los elementos que sagazmente nos plantea la Dra. Freidenberg, notaremos que estas denuncias no son cuestión de delirios ni de “imaginación” como cree el Mag. Rosario. Igualmente se podría predecir la imposición nueva vez del Estado en estas elecciones. No obstante, además de todo eso se impone a nuestros ojos una realidad axiomática, y es que esta democracia y estas elecciones tienen problemas.




[1] Diario Libre. “La OEA ve normales denuncias uso de fondos públicos”. [En línea]. Disponible en: http://www.diariolibre.com/noticias_det.php?id=245360 [15.05.2010].

[2] Hoy Digital. Qué se dice: Leonel y su circunstancia. [En línea]. Disponible en: http://www.hoy.com.do/opiniones/2010/5/12/325475/Que-se-dice [15.05.2010].

[3] Boletín Communis Opinio. Entrevista Internacional a la Dra. Flavia Freidenberg. [En línea]. Disponible en: http://cedpucmm.org.do/boletines/BCO_25_ER.pdf [15.05.2010].

[4] Diario Libre. “JCE afirma no es posible hacer fraude.” [En línea]. Disponible en: http://www.diariolibre.com/noticias_det.php?id=244437 [15.05.2010].

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Ilicitudes en el sistema electoral. Esta última década el sistema electoral dominicano ha avanzado bastante. Permaneció truncado por más de un siglo al estar anclado en el muelle de las mañoserías y artimañas políticas de la clase criolla. Hemos llegado a un nivel en el que los fraudes no tienen la repugnancia de aquellos tiempos; no significando que estas ilicitudes del sistema se han esfumado, las cuales, indiscutiblemente, inciden directamente en el curso del proceso, lacerándolo y alterándolo.

No ha ocurrido más que un proceso de evolución de estas fullerías. Ya no se estilan apagones durante el conteo de votos, sin embargo, no hemos superado el comerciar cédulas; el desvío de fondos públicos para proselitismo, ya sea mediante nominillas, barrilito, el uso de los vehículos, equipos y personal del Estado; ejecución intensiva de planes sociales de la Presidencia, de obras públicas; etc.

Todas estas estratagemas son efectuadas con la complicidad de todos los estratos sociales de esta media isla. Los avances obtenidos en la organización de las elecciones y su modernización, se ven arropados por la impunidad que reciben estos atentados a la democracia. La no persecución y sanción de estas ilicitudes echan a la borda valiosos esfuerzos de los operadores del sistema electoral. Mientras no sean castigadas estas infracciones electorales, la inmoralidad política tan asqueante que hoy en día vivimos derrumbará esta “democracia” y el Estado seguirá “imponiéndose” en las elecciones.

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Absolutismo de la expresión
de las ideas y opiniones.

Los derechos fundamentales resultan esenciales en el Estado constitucional y democrático de derecho, en donde la libertad de expresión juega un rol protagónico. Hay quienes asimilan este derecho a la acepción más absoluta de libertad. Sin embargo, comete gran error quien así lo concibe, pues al igual que los demás derechos no es absoluto y tiene sus límites.

El orden público, las buenas costumbres, el derecho al honor y la intimidad de los demás, son ejemplos de limitantes al ejercicio del derecho a la libertad de expresar ideas y opiniones. Objetivamente, tampoco primaría como el más fundamental frente a otros de igual categoría.

Es por esto que poco importa se tengan “pruebas” de las más fehacientes sobre la inclinación sexual o de las desviaciones sexuales de alguien, ya que es meramente su vida personal e íntima. Más ilícito aún resulta el emplear referidas pruebas con “animus nocendi” en detrimento de aquéllos.

Muchos ignoran que la justicia no ampara el ejercicio abusivo de derechos. Para su mala suerte, hasta ahora nuestros Tribunales están contestes con el principio de que “nadie puede prevalecerse de su propia falta para alegar en justicia”, algo que indiscutiblemente le resta a la defensa de cualquier perico.

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Historia Patria y la Libertad de Expresión.

El fondo de la obra “Trujillo, mi padre” parece ser del todo controvertible: elementos falaces y aparentemente con vicios substanciales. Pero no es el objeto de esta columna analizar los hechos relatados, sino plantear el contrasentido de quienes intentan y aún proponen censurar obras de este tipo. Hasta qué punto se justifica que voces que proclaman un Estado Social y Democrático de Derecho, intenten coartar la libertad que tenemos de conocer tesis contrapuestas, así como el derecho de sus creadores a difundirlas y plantearlas libremente. En nuestra isla, la prohibición de circulación de obras son prácticas que datan desde la colonización, cuando la Iglesia Católica pretendía tener control absoluto de la “verdad”. ¿Y aún en el siglo XXI haremos algo similar? Compatriotas, no se puede censurar a priori la libertad de expresión, salvo las excepciones y límites que establecen la normativa nacional e internacional vigentes. Si la obra no es más que un irrespeto y una ofensa al pueblo dominicano, se delatará por sí sola... si lesiona derechos ajenos, se ejercerán acciones ulteriores, tal y como este derecho fundamental indica. El medio para descalificar la obra es en base a datos históricos contundentes, como los hay en demasía; pero no empleemos con esos fines un discurso incoherente entre la Historia Patria y la Libertad de Expresión.

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“La moderación, que no significa ser pusilánime, puede ser contundente y duro [el juez] pero ser moderado, insisto lo que no puede ser un juez es arbitrario. Tiene que tener la ecuanimidad, tiene que tener en su mano la equidad y tiene que ser una persona comprometida, responsable, consciente del poder que tiene, de que un mal uso del mismo puede producir muchos daños, tiene que ser independiente, absolutamente, tiene que ser imparcial y debe desarrollar su trabajo con absoluta vocación, sobre todo con vocación, por lo tanto con vocación de servicio”. Baltasar Garzón / Entrevista del CARM (2007).

A decir verdad, nada fácil es para un Juez local erigirse en una figura internacional por su labor en la judicatura, pero al pensar en ello no dilataríamos en invocar a Baltasar Garzón; quien con el peso de su astucia y los principios de justicia no se ve limitado por las fronteras ni los mares. Juez de Instrucción que no le tiembla el pulso para ordenar el arresto de un Ex – Presidente extranjero (Augusto Pinochet) por crímenes de lesahumanidad, ni de perseguir esbirros u otra clase de opresores de regímenes de otrora (Dictadura Franquista).

Con el coraje que le caracteriza, trata de impartir justicia en su nación, examinando con lupa las actuaciones de la corruptela política de la madre patria. Pero como es de esperar, al atentar contra intereses ajenos de poderes políticos, a fortiori es contraatacado con una vorágine de acusaciones que buscan su suspensión y posterior destitución. Por eso ahora está Garzón en la diana, siendo asediado por sus adversarios, con el objetivo último de que el Consejo General del Poder Judicial (España), expulse e inhabilite por varios años al Magistrado de la Audiencia Nacional.

Aunque pertenece al aparato español nacional, la Judicatura Internacional no debería contentarse de esta desagradable situación, ni mucho menos consentirla. Así como él mismo ha requerido a varias figuras emblemáticas de la palestra mundial, como el magistrado Eugenio Raúl Zaffaroni para que declare a su favor, esperemos que la comunidad jurídica y la judicatura dominicana respalden condescendientemente a quien es uno de los más dignos y célebres miembros contemporáneos de la judicatura a nivel internacional, y quien además es un grato amigo de la República Dominicana.

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1º Aniversario del Communis Opinio. Este mes se cumple un año de la fundación de este sublime instrumento académico. Concebido originalmente como una publicación destinada a los estudiantes, ha superado las proyecciones así como su público receptor inicial. La iniciativa surgió por la necesidad de una herramienta comunicativa en manos del estudiantado de derecho de la PUCMM, en la cual los mismos tuvieran la oportunidad de expresarse, compartir opiniones y difundir libremente sus ideas. La producción de este boletín está supeditada al genuino interés de promover e impulsar una generación de abogados críticos, cuya visión, elocuencia y destrezas discursivas se conviertan en aportes científicos e intelectuales al alcance de todos.

Iniciando este nuevo año y el segundo de vigencia de este medio, trabajamos arduamente en continuar desarrollándolo y alcanzando nuevas metas. Manifiestamente agradecemos a todos aquellos que han aportado al proyecto, especialmente a los colegas del Consejo Editorial; a los compañeros cuyos aportes concretizan cada edición; a las autoridades académicas y administrativas de la universidad que nos han apoyado; a los auspiciadores; a los profesores; abogados; jueces; fiscales; en fin, a todas las personas que nos conceden sus opiniones, entrevistas, tiempo y espacio. Agradecemos enormemente a todas estas personas.

 

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