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La educación como derecho y obligación estatal.[1]

Por Ernesto Guzmán Alberto.[2]


A diferencia de tiempos atrás, en la actualidad podemos identificar problemas con gran precisión e intentar aplicar las soluciones más efectivas. Esto gracias a los avances que hemos experimentado en las ciencias y las tecnologías, herramientas a nuestra disposición para lograr el bienestar de la humanidad o para catapultarla; fin este último, un tanto perverso pero posible. En nuestros días, es incontrovertible que la educación es un factor trascendental no sólo de movilidad social, sino también para el desarrollo social, cultural y económico de las naciones.

Un problema que nos aqueja desde otrora y que constituye una vergüenza nacional, es la precariedad de nuestro sistema educativo, especialmente el sector público. Problema identificado y aún pendiente de soluciones. Las instituciones educativas privadas no escapan a la problemática, palpable a nivel básico, medio y superior. Hoy parece ser unánime el reclamo del cumplimiento de la partida presupuestaria consignada en la ley[3], no obstante, hemos dejado transcurrir demasiado tiempo hasta llegar al siglo veintiuno para hacer reclamos del ayer.

La educación es uno del conjunto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocidos como de segunda generación. Aunque el nombre parece complicar su existencia, son derechos humanos de igual jerarquía e importancia que los demás derechos fundamentales. El derecho a la educación tiene un carácter prestacional, pues la obligación estatal comprende erogar fondos públicos para el establecimiento y operación de un sistema educativo nacional de acceso universal; es decir, que entraña una prestación estatal. Leer completo.

[1] Publicado originalmente en el Communis Opinio No. 26  (del CED PUCMM) del 17 de noviembre de 2010.
[2] Estudiante de término de la carrera de derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Recinto Santo Tomás de Aquino (RSTA). Santo Domingo, República Dominicana.
[3] El artículo 197 de la Ley General de Educación No. 66-97, establece que: El gasto público anual en educación debe alcanzar en un período de dos años, a partir de la promulgación de esta ley, un mínimo de un dieciséis por ciento (16%), del gasto público total o un cuatro por ciento (4%) del producto bruto interno (PBI) estimado para el año corriente, escogiéndose el que fuere mayor de los dos, a partir del término de dicho período, estos valores deberán ser ajustados anualmente en una proporción no menor a la tasa anual de inflación, sin menoscabo de los incrementos progresivos correspondientes en términos de porcentaje del gasto público o del producto interno bruto (PBI)” (sic).

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