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OTRA FLAGRANTE VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL

Sin caer en la retórica, partiré concluyendo que el Estado dominicano actuó contrario a sus propias normas y como una tiranía clásica. Lo afirmo ya que cuando la participación activa en hechos ilícitos recae sobre las instituciones de gobierno de cualquier país, esta actuación es incuestionablemente atribuible al Estado. Inexcusable puede calificarse la participación del Canciller de la República, del Embajador de la República Dominicana en Haití, el Procurador General de la República y el Director de Prensa de la Presidencia, en una rueda de prensa para difundir grabaciones obtenidas mediante interceptaciones telefónicas practicadas al Coronel Retirado Pedro Julio Goico (Pepe).

Es inverosímil que autoridades como el Procurador General, conocedor de las normas y los procedimientos legales caiga en tan torpe y absurda actuación, que no deja más de entredicho que la poca institucionalidad y el irrespeto a las normas de un “Estado Social y Democrático de Derecho”, proclamado por una Constitución auspiciada por su propio gobierno. Con la adición de seis Diputados del Congreso Nacional que incurrieron posteriormente en semejante conducta, pero esta vez instrumentadas en perjuicio del resonado Ex – Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo Guido Gómez Mazara, quedando así reafirmada la actuación tiránica e ilegítima de un Estado infractor y persecutor de la disidencia.

En esta materia, el Magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Sergio García Ramírez, en su voto concurrente del fallo Caso Echer y otros Vs. Brasil (Sentencia del 06 de julio del 2009), esbozó que: “La finalidad de justicia que pudiera justificar la interceptación -o la injerencia, en general, en espacios de la  vida privada- cesa cuando sobreviene la difusión ilícita de información que debía quedar sólo en conocimiento y bajo el resguardo de la autoridad”. La difusión ilícita ocurrió en estos casos cuando fue convocada la prensa nacional para hacer públicas estas grabaciones, difundiéndolas indiferente y masivamente, a pesar de que nuestra Constitución establece que: “el manejo, uso o tratamiento de datos e informaciones de carácter oficial que recaben las autoridades encargadas de la prevención, persecución y castigo del crimen, sólo podrán ser tratados o comunicados a los registros públicos, a partir de que haya intervenido una apertura a juicio, de conformidad con la ley”.

En cuanto a la grabación a Pepe Goico, se introdujo posteriormente el elemento de la seguridad nacional, atribuyéndole al susodicho una trama para derrocar el actual Presidente haitiano, desestabilizar dicho gobierno y las relaciones entre ambas naciones; acusaciones sorprendentes, que lamentablemente nos colman de incredulidad. El Magistrado García Ramírez en el citado voto concurrente, también calificaba como una falsa antinomia el discurso que contrapone la seguridad pública y los derechos fundamentales, explicaba que: “Esta retórica  inadmisible y peligrosa –que es preciso denunciar constantemente- propone la reducción de los derechos so pretexto de la  seguridad, o amenaza con la  reducción de la seguridad a causa de los derechos. En  varias ocasiones he impugnado -y lo hago de nuevo- este falso dilema, que pone en riesgo el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, con agravio o peligro para todos”.

Según el Reglamento sobre la Autorización Judicial para la Vigilancia e Interceptación Electrónica de Comunicaciones, estamos frente a una “medida extrema” que el juez autorizará cuando no haya otro recurso alternativo en el curso de la investigación para obtener la evidencia que se trata de establecer. Lo anterior significa que debe existir una investigación abierta y con méritos suficientes para que un Juez autorice la vulneración de un derecho de rango Constitucional como es la intimidad personal (Artículo Núm. 44 de la Constitución de la República). Este medio de prueba, según el reglamento, “(…) deberá tener como único objetivo la sustanciación del procedimiento judicial (…)”; objetivo que quedó ipso facto descartado al difundirse inoportunamente estas grabaciones.

Más grave aún para todos estos actores es que la violación al secreto de la comunicación telefónica que va más allá de lo establecido en el auto del juez, produce la invalidación de la medida judicial de interceptación y de las pruebas que pueda producir; por consiguiente, la invalidación es un hecho cierto, dado que ningún juez podría autorizar estas difusiones, pues carecería de objeto la interceptación y resultaría contraria a la Constitución y otras normas. Empero, ¿Conocían nuestras autoridades estos preceptos? Son conocimientos esenciales para figuras de tan alto nivel como un Procurador General, que hasta por intuición debe saber cualquier ciudadano común, máxime, si la ley se reputa conocida por todos.
 
Nueva vez fue pisoteada la Constitución y cuantas Declaraciones, Tratados y Pactos sobre Derechos Humanos suscritos por nuestro país; sin lugar a dudas todo por coyuntura política, la actual campaña electoral desborda los límites de la legalidad, la prudencia y la moralidad. Esto plantea un caso judicial más, el cual deberá dilucidarse en los Tribunales de la República en procura de justas indemnizaciones, y quizás, de las sanciones penales que correspondan; aunque lo peor que pudiera ocurrir es que estas grabaciones hayan sido realizadas sin autorización judicial, el más grave de los casos, merecedor de un opúsculo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estaría congratulada de conocer otro caso de esta índole, foro en donde regularmente nos perjudicamos todos los dominicanos, porque al fin y al cabo sería una condena segura contra República Dominicana.

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